Lunes 29 de marzo de 2021. Si bien es cierto que nada debe estar al margen de la ley, ni nadie debe estar por encima de la misma, también es cierto que nadie debe estar por debajo, anulado en sus derechos.
Como norma, la ley dispone derechos e impone obligaciones de manera general a toda la sociedad y a todos los órganos del poder público, lo que implica que ambos están obligados al respeto irrestricto de la misma. Los ciudadanos aspiramos a tener un gobierno que aprecie la legalidad en su proceder, y sujete su desempeño al cumplimiento de los preceptos constitucionales que definen el Estado Social y Democrático de Derecho.
Por eso, para los ciudadanos es muy importante comprender y entender que la democracia ha permitido sentar las bases de un Estado de Derecho que nace y se desarrolla a partir de los principios expresados en las Declaraciones de Derechos, americana y francesa, y se significa porque los hace suyos para proteger los derechos del individuo y limitar la actuación del poder público, mandatos que la ley previene como expresión de una pluralidad democrática, producto de la voluntad popular.
El Estado de Derecho se construye a partir de conocer y comprender los ideales de igualdad y universalidad, que como atributos y paradigmas de la ley, los ciudadanos aceptan como disposiciones de una voluntad popular que considera fundamental dividir, y definir las esferas de lo público y lo privado; ofrecer certidumbre jurídica del límite al poder; estabilidad patrimonial; y garantías para conocer las consecuencias de los actos entre particulares y las de estos con el poder público.
La importancia de estos principios asociados al Estado de Derecho, radica en que garantizan, promueven y protegen los derechos humanos, los derechos sociales y políticos; la división de poderes; y la seguridad jurídica. Nada más, pero tampoco nada menos.
En mérito a este razonamiento, debe entenderse que el Estado de Derecho no puede ser el constructo de una sola fuerza política. El mandato ciudadano en las urnas, siempre se ha expresado en favor de diversas opciones políticas, hecho que conforma la pluralidad como virtud destacada de la democracia, que nos da la libertad de sufragar en favor de los candidatos que mejor representen nuestros intereses.
Por eso es fundamental recuperar la pluralidad del Poder Legislativo, y reafirmar el carácter democrático del Estado de Derecho. Hay queexigir que se respete la voluntad política de la ciudadanía expresada en las urnas; y rechazar el uso de los programas sociales que distorsionan y cooptan voluntades, y las visiones univocas, centralistas y autoritarias, contrarias al sistema democrático que nos hemos dado.
Es imperativo corregir estos excesos rechazando el arribo de una legislatura como la actual, que lo único que ha mostrado es incapacidad para interpretar y representar los múltiples intereses de una sociedad diversa y compleja como la nuestra, que sufre y se desespera por la falta de resultados y soluciones a sus problemas económicos, de empleo, de salud, de educación, y de falta condiciones de armonía, tranquilidad y paz social.
Frente a esta trágica realidad, el actual gobierno, lejos de implementar políticas públicas que impulsen el crecimiento y el desarrollo del país, ha emprendido una sistemática descalificación al INE, ya que está exigiendo se acate lo dispuesto en la Constitución y la ley, que ordenan a los precandidatos rendir un informe de ingresos y gastos. Tampoco al gobierno le agrada que el INE como autoridad electoral, emita lineamientos para subsanar los problemas que ocasiona la falta de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reglamente la sobrerrepresentación y la reelección continua de legisladores, ya que no admite que la falta de esta legislación, es una responsabilidad política que constituye un acto de omisión del Congreso de la Unión, que debe corregirse.
En este tema, la verdadera molestia del gobierno federal es que estos lineamientos evitarán que la sobrerrepresentación, no sobrepase el 8% permitido en la Constitución, al integrarse las cámaras, e impedirá que Morena y sus aliados, conformen fraudulentamente una mayoría parlamentaria, como en la actual LXIV Legislatura. Son incapaces de darse cuenta del daño que ocasionan al desarrollo democrático, porque “no hay más democracia posible que la democracia parlamentaria, de tal manera que de la suerte del parlamento depende la suerte de la democracia como forma de Estado.” Kelsen.
El Poder Legislativo ha declinado su protagonismo político; su desempeño se ha vuelto complaciente y sumiso a las instrucciones del Poder Ejecutivo. Ha perdido legitimidad, al renunciar a cumplir con su responsabilidad constitucional y política de ser freno y contrapeso democrático de los poderes; y su disfuncionalidad, lo hace incapaz de entender y dar respuestas a las necesidades de una sociedad en permanente movimiento que requiere con urgencia un proceso de desarrollo expansivo.
Es imperativo que los electores vean y entiendan que el concepto de representación en la función creadora de normas, reclama un pluralismo actuante, organizado y funcional. Esto impone evitar que persista una mayoría de diputados autómatas, incapaces de argumentar con sustento en la razón y el derecho, la aprobación de iniciativas de reforma de leyes y nuevas leyes, que respondan al interés de fortalecer el Estado de Derecho en beneficio de todos los mexicanos.
No es posible seguir tolerando la nefasta intención de mermar, debilitar o desaparecer a los órganos constitucionalmente autónomos; ni el desprecio manifiesto a las instituciones. Es impostergable una ley que delimite la facultad reglamentaria del presidente de la República; y que el proceso legislativo respete las disposiciones constitucionales, que es la única defensa que queda a los ciudadanos y a la democracia.
En este sentido, los jueces federales tienen la función de hacer que se respete el orden constitucional. Su reciente determinación de suspender una norma que consideran violatoria de derechos humanos, significan que cumplen con la responsabilidad que el propio Estado de Derecho les establece. Lo que hicieron fue aplicar la ley y cumplir con su responsabilidad de ser contrapesos del poder para preservar la estabilidad nacional.
Agenda
- El INE retiró 49 candidaturas a Morena por irregularidades y omisiones en los reportes de gastos de precampaña, corresponden a dos candidaturas a gobernador, 25 a diputados federales, 6 a diputados locales, 12 a presidentes municipales, y 4 a alcaldías, y les impuso una multa de 6 millones 714 mil 893 pesos.
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