La Política Nacional Anticorrupción y la Participación Ciudadana

 

El Instituto Nacional Electoral (INE), en su estrategia ENCCIVICA, sostiene que en la construcción de ciudadanía activa, la cultura cívica es el vínculo sociopolítico que fortalece la funcionalidad de las estructuras institucionales. Por su parte, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), en su propuesta, “Hacia una Política Nacional Anticorrupción”, destaca el papel de la participación ciudadana al ubicarlo como vector transversal a los cuatro ejes operativos que la conforman.

No obstante, en el plano analítico del poder público, la vertebración de la participación ciudadana tiene un acceso y aceptación restringida, condición que ahoga el dinamismo del asociativismo y la horizontalidad en la toma de decisiones del quehacer público; profundiza el déficit de aislacionismo político del tejido social, erosiona la transparencia, la rendición de cuentas, las prácticas de Gobierno Abierto, e incide negativamente en la probidad e integridad pública.

Ante este pesar sobre el obstruccionismo institucional, resulta halagüeño saber lo que Mauricio Merino señala: “La Ley ordena que haya una política nacional anticorrupción y hoy está en curso una consulta nacional entre académicos y activistas de todo el país, que convocados por la comunidad universitaria, estudian estas materias en 72 centros de investigación, para recuperar propuestas y afinar la puntería.”

En este contexto, es necesario precisar para fortalecer el equilibrio y la integridad del Estado, si la Política Nacional Anticorrupción que apruebe el Comité Coordinador del SNA, ¿aceptará que la participación ciudadana sea el principal vector transversal como lo propone la RRC?

Esta interrogante cuestiona la responsabilidad de la administración pública, ya que tiene que definir si reconoce la transversalidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Actualmente las decisiones se llevan de arriaba hacia abajo con una gran discrecionalidad, lo que las entorpece significativamente.

Efectivamente, el uso y abuso del poder público es una realidad que causa estragos al hacer de la corrupción un problema de captura de puestos, presupuestos, decisiones y por limitar el acceso a la justicia, menoscabando la visión política universalista del Estado, que impida la parcelación del interés público y preserve la autonomía gubernamental.

La incapacidad del Estado para controlar esta captura, enclaustra a los ciudadanos, vulnera el equilibrio sistémico al violar las lógicas de la soberanía popular, y hace de la conducción política, un ejercicio ciego y sesgado que obstaculiza la dinámica social. Ante este atropello, la indefensión ciudadana se incrementa por la precaria organización, insuficiente información y escaso debate horizontal, que impiden contrarrestar las anomias de probidad del ejercicio de gobierno.

Este es el escenario que perciben los ciudadanos y diversas organizaciones de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), porque advierte que el desarrollo y la seguridad humana son aspectos quiméricos en una sociedad donde la integridad del Estado se ha perdido, y se escatima la incorporación de la participación ciudadana como dimensión transversal de la Política Nacional Anticorrupción.

Para los ciudadanos, la concentración del poder y sus dimensiones de corrupción e impunidad, los aleja del ejercicio público, los obliga a procesar sus conflictos al margen del Estado y de los actores políticos y gubernamentales; y explicaría prácticas de disociación ciudadana como la evasión fiscal, la compra y abasto de bienes públicos, que habitualmente satisface el Estado, o bien, la organización paralela de estructuras, como las guardias comunitarias y por ende, un ascenso en la incidencia delictiva.

En esta circunstancia, todo indica que la corrupción omnipresente es un problema institucional y no social, y revela que el control político sobre la ciudadanía es una forma de preservar el poder, lo que explica las históricas redes clientelares de control ciudadano, la discrecionalidad de las políticas de Estado y de gobierno, el inmovilismo de la gobernanza, el anacronismo de la data pública y, la profunda erosión de la cocreación de la tarea gubernamental.

La frustración ciudadana advierte que corrupción e impunidad se vinculan al grado de hacer inoperantes las estructuras públicas, que lejos de abrirse a la horizontalidad corresponsable del tejido social, se han vuelto enclaves de poder cuya retórica hacen del gatopardismo, la práctica evidente del anquilosamiento del Estado.

En este punto de quiebre social, las propuestas ciudadanas aportadas por la RRC para el diseño de la Política Nacional Anticorrupción, han quedado al margen de las acciones del Estado, lo que resulta contraproducente porque erosiona la gobernanza e irrita a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil, condición que merece, más allá del encono social, detenernos en el camino para brindar puntos de encuentro para el análisis y el acuerdo.

El primer aspecto que ubica la corrupción e impunidad como conductas que afirman la discrecionalidad, el control político y su poder, han sido planteados como preocupaciones y compromisos de la Cuarta Transformación de la Nación, pero todavía sin los trazos de las medidas que la sustentarán, ni del papel que jugará la ciudadanía en la preservación y custodia de la probidad e integridad del aparato administrativo del servicio públicos.

La segunda premisa estriba en el estudio de las anomias públicas (teratología); la deformación del control del poder por la conducta de las estructuras y los servidores públicos; la reticencia a la apertura corresponsable de la ciudadanía en la toma de decisiones; y a considerar que la participación ciudadana sea el elemento transversal de la Política Nacional Anticorrupción.

En tercer lugar, es necesario escudriñar si la concentración del poder de los altos mandos de la administración pública, genera cuotas de castigo y enclaustra las carreras de los mandos subalternos, los cuales suelen verse marginados aunque tengan los méritos del servicio civil de carrera o de preparación para ascender en escalafón, condición que los segrega y puede predisponerlos a un escenario de corrupción.

La moralización pública debe acompañar a la Cuarta Transformación de la Nación. No debe estar disociada de protocolos de probidad que hagan de estructuras como el Sistema Nacional Anticorrupción, la vanguardia de la participación ciudadana en la reconducción del poder público.

Agenda

  • Se conmemoró el cincuenta Aniversario de la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco, que marcó el parteaguas político para la reestructuración de la democracia en México.
  • El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), que organizó la Semana Nacional de Transparencia, para analizar los avances, resultados y retos en acceso a la información, rendición de cuentas y archivos, que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción.

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La Agenda Ciudadana en la Cuarta Transformación de la Nación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de transición política se han expresado algunas propuestas relativas a la organización de la nueva administración pública, dichos planteamientos, implican ampliar la gobernanza, fomentar la participación ciudadana inclusiva y desechar la parte inoperante y anquilosada de la arquitectura gubernamental vigente.

En este contexto, el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado expectativas de desarrollo y seguridad humana, tesitura que impone analizar las ideas expresadas en torno al nuevo diseño administrativo, y sustentar en la acción legislativa la gestión del quehacer público, las actividades de desarrollo socio-político y la planeación democrática del Estado.

Al respecto seguramente se vigilará que las propuestas trasciendan los modelos elitistas, ya que su fundamento tecnocrático obstruye las condiciones de horizontalidad; dificulta el sano desarrollo de las políticas públicas y las prácticas de gobierno abierto; estrecha la participación ciudadana en la toma de decisiones; entorpece el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos; y complica consolidar los equilibrios de los poderes públicos.

Conforme a este orden de ideas, la ruta a seguir, más allá de intentar hacer valer la preponderancia política derivada del mandato de las urnas que le otorga a MORENA la mayoría en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; es iniciar un proceso para darle vida a la Cuarta Transformación de la Nación mediante el establecimiento de una Agenda Ciudadana, que surgida desde la participación social efectiva, activa, informada y deliberante, constituya el vínculo de legitimidad del Estado con la soberanía absoluta del pueblo, al que se tiene que escuchar, entender y atender de manera permanente.

Como espacio público, la Agenda Ciudadana es un escenario de visibilidad social, donde los desafíos de la gobernanza democrática demandan no solo voluntad política, sino una reestructuración institucional que cambie las antiguas relaciones de poder y las prácticas políticas añejas y anacrónicas para enfrentar la conformación de arenas políticas y ciudadanas presentes en los roles de la actual distribución del poder político.

En este sentido, la Agenda Ciudadana se erige como mecanismo rector de las prescripciones de política pública, al tener el interés ciudadano, estar ungido de capacidad decisoria para orientar la toma de decisiones en el ejercicio de gobierno, y ser transversal a las estructuras institucionales. Esta circunstancia impele tres condiciones básicas para la nueva vertebración operativa del aparato público:

  1. El rediseño de los mecanismos de participación ciudadana y su reivindicación como derecho humano, en conexión a la cultura cívica para la realización-acción de las estructuras sociales;
  2. La recomposición de la estructura de los poderes públicos, para que sean agentes garantes de la transformación y hagan prevalecer la soberanía del ciudadano en la edificación del Proyecto de Nación; condición que presupone nexos de horizontalidad y asociativismo entre sociedad política y sociedad civil; y

III.        Impulsar un Modelo de Cultura Cívica que garantice prácticas de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta para una ciudadanía activa y efectiva, que exige marcar el rumbo a la dinámica institucional y no a la inversa.

Este escenario es inmejorable para crear espacios de fortaleza ciudadana al interior del aparato público, ya que reestructuran el sentido y contenidos de la gestión gubernamental, estabilizan expectativas sociales, y crean un contrapeso inmediato a las acciones de interoperatividad del Estado, condiciones que potencian tanto la inteligencia social como la institucional.

Los elementos que apreciamos como génesis de la Cuarta Transformación de la Nación, no deben obviarse ni ser una retórica sórdida, por el contrario, tienen que dar sentido a las exigencias de una sociedad ávida de moralizar al Estado, combatir la corrupción e impunidad, y encauzar el rumbo de la esfera pública con su presencia en la Agenda Ciudadana.

Consecuentemente, es necesario precisar los elementos fundamentales que hoy existen en materia de acceso, procuración e impartición de la justicia; de justicia transicional, en términos jurídico-políticos, a través de una posible amnistía, perdón u olvido, a saber la verdad, a la reparación del daño y a garantías de no repetición; de modificación a las reformas estructurales; de combate a la pobreza, desigualdad, discriminación y corrupción, como formas de saneamiento y reconciliación nacional; de protección a los derechos humanos; de inversión nacional e internacional y gestión de proyectos públicos; así como de un federalismo proclive al desarrollo regional, que reestructure las funciones de los gobiernos locales para armonizar las potencialidades-país.

Con base en estas consideraciones, es obligado admitir que si hoy la sociedad civil reclama su derecho a una ciudadanía efectiva y activa, es porque el Estado no mantiene ni promueve una nueva gobernanza que haga de la dimensión pública un entramado de participación horizontal de la sociedad, condición delicada que genera migración política de la ciudadanía, y crea escenarios de desencuentro con los que el nuevo gobierno tendrá que lidiar y transigir para encauzar el mandato ciudadano.

El peso sustantivo de la disfuncionalidad de las estructuras institucionales y políticas, es otra variable que tendrá que considerar el proceso de transformación del Estado marcando las lógicas de hacer política, no sólo de la clase en el poder, sino también de la sociedad civil, lo que presupone un esfuerzo mayúsculo de pedagogía firmemente sustentada en una política pública de cultura cívica que guíe la construcción de ciudadanía y la mantenga a salvo de procesos de ideologización partidista.

No se debe hacer de la política, la historia fatídica de la Nación. Empero, se debe evitar institucionalizar la ignorancia y exigir que el ciudadano sea el artífice de su gobierno, de lo contrario, la transformación política se convertirá en una deformación societal.

Los desafíos de la Cuarta Transformación de la Nación abren múltiples diálogos y debates políticos. Es fundamental asegurar la interlocución de las nuevas fuerzas políticas con la sociedad civil que las encumbró con su voto, y crear compromisos que no olviden ni posterguen la dignidad humana, porque la democracia, que es de todos, no puede constituir un espacio político excluyente, sino la articulación y reflejo de una Agenda Ciudadana que le da vida a la voluntad del pueblo.

Agenda

  • La Red por la Rendición de Cuentas (RRC), convocó al Séptimo Seminario Internacional: “Retos de las Políticas Anticorrupción: de la captura al universalismo en México”. El propósito es plantear las mejores estrategias a la instancia de coordinación de autoridades a cargo del diseño, evaluación y promoción de las políticas públicas anticorrupción. La cita es este lunes 1º de octubre, en el Hotel Camino Real de Polanco.

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El Ciudadano como Epicentro de la Cuarta Transformación de la Nación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sola idea de transformar al país subyuga a la sociedad civil, que hoy se encuentra ávida de oportunidades y expectativas de desarrollo.

Nada tan significativo como un escenario político donde la ciudadanía sea partícipe de la concreción de una promesa política, como lo es la Cuarta Transformación de la Nación.

Este propósito de Estado, equiparado a los grandes movimientos que han marcado la historia de nuestro pueblo, deberá sustentarse el común denominador que comparten la Revolución de Independencia, que libertó al pueblo de la opresión absolutista; la Reforma, que secularizó al Estado y restauró la República Federal como régimen de gobierno, único, válido y vigente; y la Revolución, con la que claudicó la tiranía y condujo a la democracia y a la justicia social o sea, el rescate valórico de la soberanía ciudadana de la que emana el poder público.

En esta dinámica democrática, la ciudadanía requiere atender como componentes vitales para su desarrollo, el grado de participación en las tareas del quehacer público; el sentido de pertenencia e identidad a las instituciones nacionales y hacia la comunidad política; y el reconocimiento permanente de sus derechos y deberes.

Estos principios básicos del ejercicio ciudadano, cuando sufren erosión o deterioro, provocan que la democracia representativa pierda su carácter como vínculo cívico de la relación socio-estatal, propiciando un vacío de soberanía y una cadena incesante de fracturas políticas, como la pérdida de gobernabilidad, de confianza, de legitimidad y de credibilidad en el entramado institucional y en su conducción.

Este fenómeno, presente no sólo en México sino en el orbe, violenta la legalidad y la percepción de los sujetos sociales sobre la vigencia de sus derechos y obligaciones; es un síndrome de desafección gubernamental que se refleja en la pérdida de vínculos de confianza, credibilidad, pertenencia e identidad, con las estructuras públicas formales, lo que empuja a la ciudadanía a recurrir a conductas de exigencia violenta y ocasiona una insana relación con el Estado.

En el impasse de esta era de cambios y redefiniciones, resulta ineludible atender algunas consideraciones de fondo, respecto a la promesa política de la Cuarta Transformación de la Nación. Es necesario conocer ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus alcances y qué componentes la definen? ¿Se trata de cambiar el régimen político y de gobierno? ¿De qué manera se beneficiará la población? ¿Habrá de restituirse el valor de la soberanía ciudadana y el reconocimiento permanente de sus derechos y deberes? ¿Se fomentará el sentido de pertenencia e identidad hacia las instituciones nacionales y hacia la comunidad política? ¿Qué medidas serán impulsadas para fortalecer el principio de representación popular, como vínculo cívico para evitar fracturas políticas como la pérdida de gobernabilidad, confianza, legitimidad y credibilidad institucional? ¿Qué debe esperarse de las nuevas relaciones del Estado con los sectores privado y social? ¿De qué forma la participación ciudadana será el eje de las tareas del quehacer público? ¿Cuáles agendas comunes deben construirse? ¿Será un imperativo político establecer prácticas de Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia Abierta para garantizar transparencia y rendición de cuentas, que combatan corrupción e impunidad?

Los pronunciamientos que se han perfilado no clarifican la conducción del ejercicio gubernamental de la Cuarta Transformación de la Nación como política de Estado; empero, considero que los principios en que parece fundarse, son la austeridad, la probidad, la honestidad, y el combate a la corrupción y la impunidad.

En este contexto, pondero algunas acciones que se han emprendido en este camino de transformación nacional.

Destacan la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República, y el retiro de la pensión a los ex Presidentes.

La propuesta para terminar con el fuero de los funcionarios y para que el Presidente pueda ser juzgado por delitos de violación a las disposiciones electorales y por corrupción, preservando el principio de prevalencia de la ley.

La iniciativa de Ley para la Revocación del Mandato, la anulación de los candados para que los procedimientos de democracia directa, como la consulta ciudadana,  se apliquen con carácter vinculatorio y reivindiquen la horizontalidad del poder público.

Reformas legales para reinstaurar la Secretaría de Seguridad Pública; trasferir el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional; y considerar delitos graves y de prisión preventiva oficiosa, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral.

Se plantea revertir los decretos que establecen las reservas de agua que garantizan su disponibilidad para la población y la naturaleza durante los próximos 50 años. Se presentó un exhorto al Poder Ejecutivo para suspender las evaluaciones previstas en las leyes de la Reforma Educativa.

Con los gobernadores del norte del país, se anunció el aumento del salario mínimo en la zona fronteriza; la homologación del precio de combustibles y la reducción del IVA y del ISR.

La realización de cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno, fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados, sin despedir a trabajadores de base.

Sin embargo, todas estas medidas no admiten de manera expresa que es imprescindible construir una ciudadanía activa y efectiva, mediante la creación de un Modelo de Cultura Cívica, que se entronice de manera transversal en las acciones del gobierno.

Esta discusión no es menor cuando se pretende que la Cuarta Transformación de la Nación, edifique al ciudadano como epicentro de la soberanía del Estado, de las instituciones y del ejercicio de los poderes públicos al servicio del pueblo.

En esta consideración, la virtud ciudadana debe ser la sustancia del Modelo de Cultura Cívica, que potencie los valores éticos y haga del espacio público la concreción de toda acción de gobierno, que eleve el espíritu ciudadano en la Cuarta Transformación de la Nación.

Agenda

  • Se instaló el Primer Congreso de la Ciudad de México y entró en vigor su Primera Constitución Política; algunas Entidades Federativas verán abierto el camino para proponer iniciativas de acuerdo a este Nuevo Modelo Constitucional.
  • Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación de la próxima administración, dijo en el Foro Forbes 2018 Camino a la Transición, que “…se hará lo humanamente posible para cumplir con las demandas que exige la población y para enfrentar los problemas del país como la inseguridad, la corrupción, crecimiento, desarrollo económico, inversión y el cumplimiento del Estado de Derecho…

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La Cultura Cívica como Sustento del Cambio de Régimen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad mexicana ha vivido una democracia en deuda. La participación ciudadana en el ejercicio de gobierno no tiene el potencial político de la horizontalidad, ni encauza la tarea pública en el crisol de concordia y de inteligencia social e institucional. Los precarios resultados obtenidos, fracturan los equilibrios sistémicos del Estado Democrático de Derecho y profundizan el extravío de la colaboración entre los poderes públicos capaz de hacer del ejercicio de gobierno un espacio de concertación progresista.

La ciudadanía, transita sin mecanismos constitucionales que hagan del civismo la cultura que la empodere como entramado transversal y como vínculo idóneo del juego de pesos y contrapesos en la toma de decisiones del quehacer público.

Las élites del poder, han hecho de la democracia una estrategia argumentativa para ofrecer oportunidades sociales; promesa política incumplida que ha equivocado el camino ante la fragmentación entre partidos, gobernantes y ciudadanos, que hoy juegan atomizados, dispersos e inconexos, en una democracia que exige disciplina, responsabilidad, compromiso y respeto a la ley.

La ineficaz concreción de la tarea pública hace languidecer esta oferta política que resulta oprobiosa e injusta para nuestro pueblo; circunstancia que impone reconocer el espíritu de la soberanía popular; establecer electoralmente el voto programático; sujetar a los órganos del poder público al compromiso de su cumplimiento; y recuperar para los partidos políticos, el papel de ser los interlocutores confiables que requiere la Nación.

La Cuarta Transformación del sistema político y de gobierno debe propiciar la salud democrática del Estado, amén de mantener la estabilidad y el desarrollo económico; consolidar la certidumbre de las estructuras de transparencia y rendición de cuentas; afianzar la confianza ciudadana frente a la erosión que sufren la legitimidad y la probidad, aquejadas por la precariedad de la tarea pública y las anomias de corrupción e impunidad, que han quebrantado la credibilidad social.

La lectura de la realidad en este inédito impasse de reestructuración y transformación democrática, donde MORENA es la fuerza principal en ambas cámaras del Congreso de la Unión, tiene la mayoría de los Congresos Locales, y a partir del 1 de diciembre, tendrá la Presidencia de la República, me permite formular cuestionamientos sobre tres escenarios.

En primer término, hay que precisar, ¿qué valor tiene el diálogo democrático entre poderes? ¿Es importante restablecer los pesos y contrapesos como controles al ejercicio del poder para mantener los equilibrios sistémicos que otorgan estabilidad y funcionalidad a la democracia?

En este contexto, ¿resultaría sano restablecer la comparecencia del Presidente de la República en una sesión de Congreso General, para presentar su informe anual de actividades, anunciar los grandes propósitos nacionales y potenciar la colaboración entre poderes a partir de un diálogo republicano?

Es evidente que la interlocución entre los poderes públicos está debilitada y ha provocado que las premisas de gobierno abierto y en público, que deberían edificar espacios de transparencia y rendición de cuentas, hayan generado una deuda democrática que no puede pasar desapercibida.

La comparecencia del Presidente de la República en una sesión de Congreso General no debe ser un acto de liturgia sórdida de la clase política, sino la mejor práctica para concretar el mandato popular a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para fortalecer la colaboración y el equilibrio de poderes y lograr el desarrollo y la seguridad humana que requiere la Nación.

Esta distinción analítica del diálogo entre poderes debe profundizarse tanto de jure como de facto, es necesario que la armonización que guarde el ejercicio de los poderes públicos, constituya la constante que potencie el consenso social.

El criterio evaluativo de estos cuestionamientos es vital ante la transformación que deberá experimentar el sistema político, y frente a la crisis de representatividad y al desánimo ciudadano.

El segundo cuestionamiento, es sobre el valor que se otorgará a la planeación democrática como estructura del desarrollo del país. En este escenario, es ineludible definir el futuro de las Reformas Estructurales y dar paso a su fortalecimiento o recomposición, es preciso que la nueva administración las materialice desde su visión, las impulse y las concrete en el marco de la Transformación del Estado, propuesto como nuevo Proyecto de Nación.

En este propósito, es fundamental entender que la vitalidad de la administración pública se encuentra en la interoperatividad de sus estructuras orgánicas, por lo que deberán plantearse opciones de mejora; adecuaciones con criterios de racionalidad, reconducción política, seguimiento, evaluación y toma de decisiones corresponsable, participativa y colaborativa.

En tercer lugar, apreciando la fuerza que el nuevo gobierno concentra en el control de los poderes legislativos federal y locales, so pretexto de que seis años son insuficientes para concretar una Cuarta Transformación a la altura de la Independencia, la Reforma o la Revolución, ¿podría caerse en la tentación de intentar reinstaurar la reelección de la  titularidad de los poderes ejecutivos, federal y locales?

Podría argumentarse que un rasgo distintivo de la salud democrática es afianzar todos aquellos mecanismos que le otorgan al ciudadano la certidumbre de una gestión gubernamental que obtenga resultados, y amplíe el horizonte democrático del tejido social.

Se razonaría que la censura y la satanización que se hizo de la reelección, hoy no pueden estar presentes frente a normas de exigencia ciudadana a los poderes públicos, por lo que refrendar la confianza social a través de la reelección, sería un mecanismo a ponderar en el juego de pesos y contrapesos, y en la toma de decisiones de una ciudadanía participativa, informada y deliberativa.

Asimismo, se demostraría que la reelección es un instrumento político que permite a los ciudadanos activar su participación en el escrutinio de la tarea de los servidores públicos para evaluar su actuación, e incidir en el refrendo o en la revocación de su encargo.

Concluyendo que una máxima valórica en la conformación democrática del sistema político y de gobierno, es que ningún mecanismo es indebido cuando se hace prevalecer la voluntad del pueblo.

Empero, México debe crearse desde la grandeza de su ciudadanía; en ello radica la verdadera transformación que desde la cultura cívica hará posible el despertar de la Nación.

Agenda

  • En el Senado de la República, MORENA presentó una iniciativa de reforma constitucional para la revocación de mandato del Presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y alcaldes, misma que procedería por pérdida de confianza, incumplimiento del plan de trabajo o compromisos de campaña, actos de corrupción o violación de la legalidad.
  • Se instaló plenamente, después de dos intentos, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.

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La Cultura Cívica, los Vacíos Legales y el Estado Democrático de Derecho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le pasa a la democracia cuando los vacíos legales o las argucias de manoseo de la Ley, se convierten en patente de corso?

Para los ciudadanos pierde sentido. No podemos negar que el espíritu de la democracia como régimen político estriba en el respeto que desde el Estado debe procurarse y preservarse para garantizar la validez de la Ley y del Estado Democrático de Derecho.

La discrecionalidad en los vacíos legales, presuponen en el orden moral, una contundente derrota que le asestan a la sociedad los que se agazapan en el limbo de las leyes para crear desconcierto y control social.

En estos tiempos aciagos, donde el ejercicio de gobierno se encuentra aquejado por las heridas abiertas de la corrupción y la impunidad, el Estado Democrático de Derecho surge como un valor inalienable de la sociedad, cuyo apego debemos reivindicar con prácticas institucionales que garanticen que el uso de la Ley no es parcelario y mucho menos sectario, sino el genuino vector jurídico del bien, la verdad, la justicia y la armonía social.

El respeto, como decía Sócrates, “surge de manera natural en aquellos que han sido educados en las virtudes”; dinámica que veía en la cultura cívica, los valores ciudadanos que se perpetúan en la probidad y la justicia, donde el ejercicio público no es capaz de subvertir la Ley o utilizarla desde la discrecionalidad del poder.

Conseguir este propósito, impone revalorar las virtudes democráticas y rectificar la conducta política de la partidocracia. Los partidos no pueden hacer caso omiso del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a las prescripciones legales del financiamiento público que los ciudadanos desde nuestra responsabilidad tributaria sufragamos.

Requerimos un modelo eficiente de transparencia y fiscalización por ser la parte sustantiva de la consolidación democrática; su carencia, sólo genera que los partidos políticos encuentran condiciones propicias para convertir la conducción ciudadana en “tierra de nadie”.

Debemos admitir que en la debilidad de la cultura política y su base de sustentación, la cultura cívica, encontramos la respuesta a la pérdida de la presencia política que experimenta la ciudadanía, cuya soberanía se ha erosionado a tal grado, que ha dado paso a un colapso democrático de desconfianza social en las instituciones, que no permite desterrar las amenazas fascistoides y neopopulistas.

Esta distorsión y corrosión de la cultura de la legalidad, y en los hechos, de la probidad pública, aunque no se debe a la falta de fiscalización de las estructuras legales ni a la displicencia en la operatividad jurídica, sí coloca los vacíos legales y sus resquicios, en la antesala de actitudes siniestras de partidos y fuerzas políticas que frente a la ciudadanía suelen justificar sus acciones irregulares a pesar de constituir una afrenta a la sociedad.

Los partidos políticos no pueden erigirse como interlocutores de la ciudadanía por ser trasgresores de la Ley; la vulneran violentando su espíritu, la eluden y se escudan en el resquicio de los vacíos que presenta.

Se requiere un cambio al sistema de partido que les devuelva el carácter de verdaderas instituciones de interés público.

En este trazo, la nueva conformación del poder político tiene la prioridad de hacer cumplir el Estado Democrático de Derecho, y si bien es cierto que no nos encontramos en un régimen de partido único, la sombra del poder hegemónico ha vuelto al escenario político, donde el peso decisorio genera la suspicacia de ser juez y parte.

Frente a este escenario, no debemos olvidar que no podremos desenredar los hilos torcidos de la corrupción y la impunidad, si se hace monolítico el ejercicio de la política, porque en ello se centra el desencuentro social, la atomización ciudadana y el destierro de la libertad.

Si la Cuarta Transformación de la Vida Política Nacional va en serio y no es una frivolidad, ¿cómo garantizar la preeminencia de la Ley y del Estado Democrático de Derecho donde se han diluido la presencia de partidos y actores políticos?

La respuesta a este cuestionamiento, ante el tenue contraste que presenta el juego de pesos y contrapesos políticos y los frágiles mecanismos para el equilibrio, el control y la colaboración entre poderes y con la sociedad, ha encendido un álgido debate sobre la forma de gobierno; la representación del sistema de partidos en la conducción gubernamental; y la relación que establecen votantes y partidos en una democracia incompleta, que ha perdido su espíritu competitivo y sustituye las lógicas del debate y la competencia, por la movilización neopopulista que obstruye la participación de una sociedad que entiende, cuestiona y racionaliza el ejercicio de gobierno.

A este escenario debemos sumarle el ascenso del pragmatismo político, donde el valor de la ideología ha dejado su lugar, desde hace mucho, al oportunismo político y ciudadano que se edifica en el juego de prebendas, en “un tanto te doy y tanto me respaldas”, convirtiendo el ejercicio de gobierno en una vendimia de oportunidades, ante la fragilidad de partidos políticos que no pueden enfrentar estas conductas, porque han dejado de ser interlocutores válidos de la sociedad.

El déficit en la toma de decisiones y en la construcción de acuerdos, advierte la complejidad del espectro político, que pueden pasar de la amenaza de una enfermedad al desahucio del paciente.

¿Hasta dónde podemos concebir la toma de decisiones como producto del consenso y del acuerdo sustantivo partidista, que hace del ejercicio político concertación progresista?

El contexto político es incierto y advierte que si la democracia no puede generar trazos salubres del juego de pesos y contrapesos, se convierte en una condición ciega, que impide establecer relaciones de poder horizontales, corresponsables y asociativistas.

El desafío político que vive la Nación exige crear las condiciones de una democracia inteligente y de proximidad ciudadana, que haga de los partidos políticos referentes de transparencia pública. La opacidad del sistema de partidos es el presagio de una derrota social.

Agenda

  • Se instaló el Honorable Congreso de la Unión con el posicionamiento de las Fracciones Parlamentarias, en medio de un clima de desencuentro político, que no dejó de llamar la atención por las recriminaciones y el álgido contenido de un sórdido debate.
  • El Congreso del Estado de Hidalgo, eligió a la Dip. María Luisa Pérez Perusquia, como Presidenta de la Junta de Coordinación Política por el Primer Año de Ejercicio Constitucional. Empero, al haberse declarado dos recesos, no se ha podido concluir la Sesión de Instalación y se han paralizado los trabajos legislativos.

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La Cultura Cívica Frente a la Desconfianza Institucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desconfianza crónica que viven las instituciones frente a la descomposición sistémica, perfila una profunda crisis que amenaza las bases de integración social del Estado Democrático de Derecho.

El revés de esta trama es la cara de una democracia en quiebra, donde las oportunidades sociales diluidas, han propiciado desencuentros sociales que revelan una gran fatiga de la sociedad en la democracia.

Para remediar este cisma de desconfianza institucional, se han creado diferentes instancias, organismos, políticas públicas, estructuras y programas, como medidas reactivas para combatir las anomias que causan la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la discriminación, que hoy flagelan al tejido social, a las estructuras institucionales, exhiben la disfuncionalidad del sistema y ostentan un creciente burocratismo mecanicista.

Edificar un Estado de confianza social sustentado en una cultura política, demanda políticas públicas enfocadas a construir ciudadanía y a crear en el orden sistémico  estructuras de confianza ciudadana con dimensión transversal de cultura cívica.

Esta es la única forma de lograr que la actuación de la sociedad genere vínculos interpersonales que fortalezcan la edificación de una Nación, entendida (como siempre lo ha sido), por un vínculo socio-histórico, que identifica el componente social, provisto de causas nacionales. Perspectiva cívico-ciudadana que le otorga razón y sentido a las estructuras educativas, culturales, políticas, económicas y sociales.

Un gobierno puede equivocar o no el rumbo, pero cuando actúa al margen de la ciudadanía, deviene una crisis que erosiona el orden sistémico por la verticalidad institucional, producto de un gobierno atrapado, en muchas ocasiones, por un autoritarismo ciego o de élite.

En esta circunstancia, la conducción social queda acéfala debido a la inexistencia de mecanismos de inserción ciudadana suficientes y expresos; situación agravada por la dispersión, inconexión y fragmentación de la acción gubernamental; por un quehacer público ineficaz e ineficiente; y por una ingeniería constitucional que es letra muerta respecto a la corresponsabilidad horizontal de la matriz ciudadanía-gobierno, en los procesos de toma de decisiones participativos y colaborativos.

El mecanicismo imperante, pretende engrosar con diversas estructuras políticas, jurídicas, programáticas y presupuestales, la generación de acciones y prácticas, que respondan a la erosión que vive la ciudadanía frente a la corrupción, impunidad, desigualdad y discriminación.

Empero, tales medidas afianzan la desconfianza institucional, porque crean fronteras entre dependencias públicas, que no alcanzan a dimensionar lo pernicioso de la desconfianza ciudadana en las instituciones, debida a la inconcreción y a la falta de probidad pública en el proceder institucional.

Pongámoslo a la inversa: si existiera confianza ciudadana en las instituciones, por su funcionalidad y probidad, ¿habría la necesidad de crear nuevas estructuras como el Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Nacional de Transparencia? Evidentemente no. El reto es resolver la precaria funcionalidad y crear estructuras que amplíen el asociativismo entre ciudadanos y gobernantes, que procuren la probidad y recobren la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones.

Cuando hablamos de inseguridad es que no hay seguridad para los ciudadanos; si existe corrupción, es que no hay probidad, ni gubernamental, ni social; cuando argüimos que existe una pobreza desgarradora, es que la concentración de riqueza es mezquina y absurda; si señalamos que existe impunidad, es que la procuración e impartición de la justicia se ha vuelto sórdida; si existe desigualdad, es que los ciudadanos han sufrido la inconcreción gubernamental y el piso parejo se ha fracturado; cuando hablamos de discriminación, es porque el fascismo y el populismo impiden trazar una sociedad salubre.

¿Hacia dónde debe cambiar el enfoque de las políticas públicas para construir una sociedad de oportunidades?

La respuesta es de sentido común, debemos volver a la construcción de la confianza ciudadana frente a la institucionalidad. No se debe olvidar que el Estado es una construcción humana de la que deviene la ciudadanía, y ésta sólo es efectiva cuando la principal estructura de confianza social, que es la cultura cívica, produce un efecto de transversalidad, no sólo para afianzar los contenidos fundamentales de las acciones gubernamentales, sino para entender y asumir los procesos democráticos.

Carlos González Martínez escribe al respecto que “Frente al vacío y la lejanía del actual régimen y su sistema de representación, lo que necesitamos son acciones específicas e incidentales, muy bien localizadas y exitosas, replicables y con bases en identidades sociales acotadas, en regiones socioeconómicas y culturales medias o pequeñas, que hilvanándose, vayan transformando en la práctica y no sólo en el discurso al régimen político. Democracia de proximidad, cierta y palpable, frente a la democracia de lejanía en la que nos empantanó la transición mexicana

Se trata de que jamás nos sintamos en tierra de extraños o enemigos, sino en una dimensión identitaria, donde la confianza ciudadana se construye por el peso de la horizontalidad corresponsable y el asociativismo, que surge y se nutre de la cocreación de la tarea pública.

Se protege aquello que es propio e inalienable. Si el ciudadano hace suyo y siente suyo al Estado, siempre estará preservado por el tejido social.

El extravío de la democracia a nivel mundial es el fiel reflejo de la incapacidad de traducir la confianza ciudadana en la conducción orgánica del Estado, lapidaria realidad que no implica el destino manifiesto de ninguna Nación.

Recupero aquí las palabras de mi apreciado amigo Leopoldo Rodríguez Murillo, cuando señala que “…el hilo conductor, sólo se tejerá entrelazando la ciudadanía con el poder público. Urge porque la frustración que provocan los insuficientes y estériles intentos de libertad, opaca la inteligencia y engendra criminales soluciones…”

Es urgente hacer de la cultura cívica el máximo referente de las estructuras de confianza ciudadana, porque su presencia valórica hace del ciudadano un ser partícipe de la institucionalidad, que sólo tiene sentido cuando recupera la voz del pueblo, articulando en el ejercicio de gobierno el porvenir que rompe las cadenas del autoritarismo y le da camino al hombre libre.

Agenda

  • El 6º Informe de Gobierno de la Administración Federal del Presidente Enrique Peña Nieto brindó nuevas expectativas dentro de la planeación democrática del Estado, al unirse al proceso de transformación que marcará una significativa reestructuración del país, en la futura administración del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.
  • El Gobernador del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses, rendirá su 2º Informe de Gobierno en el marco del desarrollo programático, trazado bajo la dinámica de proximidad ciudadana, del que se destaca la vertiginosa inversión nacional y extranjera en una gestión del desarrollo económico que se consolida cotidianamente.

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El Principio de Representación y la Transformación Política y de Gobierno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este momento de transición política, el principio de representación democrática en las acciones del Estado, merece una reflexión en torno al papel de los poderes públicos, las instituciones, los actores políticos y la sociedad civil.

Requerimos un trazo analítico que nos indique ¿cuál es el significado de la soberanía popular en un régimen político y de gobierno representativo y democrático, cómo se materializa, y a quiénes corresponde hacerla valer?

Sabemos que en la soberanía popular reside el poder político de la Nación y es el basamento de la acción gubernamental. Su concreción implica la asimilación plena de los representantes elegidos para hacer que el ejercicio del poder público articule prácticas de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto, y consolide la tarea pública en el marco de la planeación democrática del Estado.

En efecto, para que el poder público cobre vida, los servidores del Estado, que son la columna vertebral para materializar las respuestas a la ciudadanía, deben cumplir la función de su encargo con responsabilidad decisoria acatando la planeación democrática que sustenta el proyecto de Nación; a ellos corresponde la obligación, por mandato popular, de operar y concretar el ejercicio gubernamental.

El quehacer público también demanda una sociedad civil informada, deliberante, propositiva, analítica y proactiva; capaz de ser un interlocutor responsable que pondere la construcción de ciudadanía desde los valores de la cultura cívica para encontrar consonancia con los desafíos de la Nación.

Empero, los sistemas democráticos a nivel internacional y nacional, enfrentan una grave descomposición y frustración social debido a que imperan expectativas inciertas de desarrollo humano, lo que ha afianzado las anomias de la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la discriminación; escenario que reclama la toma de decisiones gubernamentales en un ambiente de gobernanza activa que propicie la pertinencia democrática de la transversalidad, el asociativismo, la corresponsabilidad y la horizontalidad.

Este contexto advierte una crisis de representatividad en la conducción institucional; un singular dramatismo en la atomización social que hoy vivimos; la pérdida orgánica del asociativismo ciudadano, producto de la erosión de la cultura cívica y ética; la fractura de los valores nacionales, que han diezmado la legitimidad, la confianza y la credibilidad ciudadana en la esfera pública y sus representantes; y un pragmatismo político que ha equivocado el rumbo, obstruyendo el orden programático y minando el peso de las políticas públicas, como respuesta a las demandas sociales.

El problema se agrava por la falta de definiciones y claridad política para un ejercicio gubernamental que enfrente las presiones sociales y cumpla los compromisos de campaña. Esta carencia, se pretende enfrentar propiciando un ambiente favorable al uso de mecanismos como la consulta popular, el referéndum y el plebiscito, con lo que se pretende eludir la responsabilidad asignada por mandato popular.

No debe olvidarse que la confianza ciudadana en los poderes públicos, instituciones y servidores del Estado, reside en la pericia profesional y científica de la cultura de la administración pública.

No toda decisión de Estado puede ser asumida desde los mecanismos de consulta popular, plebiscito o referéndum, porque se corre el riesgo de caer en la puerilidad del encargo público, y por ende, en el cuestionamiento de su pertinencia y operatividad expresa.

Los mecanismos de participación directa que confiere nuestro Contrato Social, deben ser ejercidos por la estructura de los poderes públicos y sus titulares, que expresamente tienen el encargo de constituir el corpus operandi del Estado desde la mesura política. Bajo ninguna circunstancia deben ser utilizados como mecanismos políticos para dejar sin efecto decisiones gubernamentales previas, válidamente motivadas y fundamentadas.

El actual proceso de transición y transformación político-institucional, ha abierto muchos frentes para proyectar el futuro ejercicio gubernamental de la tarea publica, condición reactiva que genera incertidumbre y debe ser ponderada desde la mesura de la respuesta al mandato ciudadano, evitando veleidades que pudieran alterar la continuidad y estructura programática de la planeación del Estado.

Es por ello que un proyecto como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), concebido para darle vitalidad al desarrollo del país y en prospectiva impactar la modernización, no puede caer en la ligereza o el uso estéril de mecanismos de democracia directa, lo que no significa dejar de fiscalizar con toda profundidad los recursos invertidos hasta el momento.

En perspectiva, el proyecto del NAICM, al trazar una visión de planeación necesaria para el desarrollo del país, ha establecido compromisos de inversión pública y privada, nacional e internacional; por lo que debe construirse para potenciar la transformación democrática y dar un nuevo sustento a las lógicas políticas y ciudadanas del Estado.

Somos una República democrática, representativa y federal.

La transformación democrática de la Nación, debe ser refrendada y fortalecida con el sustento de una participación ciudadana instruida desde la cultura cívica.

La ciudadanía debe aprender que la administración pública es su patrimonio, y que tiene que vincularse, confiar y exigir a los servidores públicos corresponsabilidad en la toma de decisiones, para lograr que la armonización de la planeación democrática del Estado, concrete la voluntad soberana del pueblo y no se convierta en instrumento de presión política de intereses sectarios o mezquinos.

La soberanía popular tiene un valor indiscutible en el desarrollo de la Nación. Es menester y obligación política del civismo valórico del Estado, orientarla, preservarla y encauzarla para que la voluntad de la mayoría, no resulte una voluntad ciega o engañada.

Los mecanismos de participación directa como la consulta popular, el plebiscito o el referéndum, deben ser objeto de máxima responsabilidad, jamás un escenario de revancha política que haga de la voz del pueblo, un instrumento que impida el desarrollo de la Nación.

La transformación democrática no puede cifrarse en una lucha de poderes o ideologías, exige plena responsabilidad para constituir una transformación sistémica del país y vínculos armónicos que potencien las virtudes patrimoniales y el desarrollo humano en un México incluyente, libre, abierto y plural, nunca lo contrario.

Nuestra democracia debe ampliar y fortalecer el sentido vinculante de la acción del Estado con la ciudadanía, porque ello implica potenciar y consolidar la acción de los poderes públicos, en la tarea de salvaguardar la integridad, la dignidad y el desarrollo humano de los ciudadanos.

Agenda

  • En Palacio Nacional se llevó a cabo el inicio formal de la transición de la Administración Pública Federal, con la presencia del Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, y del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, acompañados de sus respectivos gabinetes.

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