La Cultura Cívica como Política Pública Transversal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ascenso de la sociedad civil en las estructuras políticas y de gobierno desde el enfoque del asociativismo y la horizontalidad pública, ha trascendido internacionalmente a prácticas de Gobierno Abierto que reconstituyen el protagonismo ciudadano y su empoderamiento en la esfera pública.

Esta dinámica está en función de la capilaridad de las estructuras institucionales y del grado de organización de las estructuras ciudadanas, comunitarias y vecinales, condiciones que perfilan el procesamiento del conflicto social, la inclusión como paradigma del desarrollo, y los derechos humanos como manifestación transversal del ejercicio de gobierno.

No obstante, persisten los gobiernos cerrados, que no contemplan la obligatoriedad del derecho humano a la participación ciudadana; que obstruyen su interlocución en el quehacer público; e impiden su dimensión como política pública capaz de edificar una verdadera cultura de ciudadanía patrimonial, concebida como un bien público.

Estos gobiernos enclaustran la voluntad soberana y se desentienden de la dinámica y empuje de la ciudadanía; con ello, advierten su cercanía populista y fascista, en amenazas al desarrollo y la seguridad humana, y en prácticas de negación política como el ilusionismo, la prebenda y una buena dosis de demagogia, con lo que intentan maquillar la realidad social.

Esto impone crear un Nuevo Paradigma Cultural y Jurídico y la creación de una Política Pública en materia de Cultura Cívica.

La ingeniería constitucional debe advertir la obligatoriedad de la participación ciudadana para trascender hacia una Ley de Cultura Cívica que permita cocrear la tarea gubernamental; y reorientar las virtudes y principios valóricos del asociativismo y su fuerza; desde la inteligencia social, en consonancia a la inteligencia institucional.

De este escenario el investigador Héctor Tajera advierte, “…la participación ciudadana busca incidir en las decisiones de gobiernos, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de quienes integran una comunidad, barrio o colonia, sin que ello implique la búsqueda de un beneficio personal o ascenso político.”

Este planteamiento nos lleva a investigar, ¿cuál es la importancia de las estructuras comunitarias y vecinales como vectores del desarrollo y la seguridad humana?

La respuesta es contundente, la importancia que tiene la organización de la sociedad en estructuras comunitarias y vecinales es mayúscula ante los problemas sustantivos del ejercicio público y los actuales vacíos de poder, que explican los precarios niveles de legitimidad, credibilidad y confianza de las instituciones, cuya gestión centraliza la toma de decisiones y marca un verticalismo que impide orientar las prácticas de gobierno hacia la reestructuración social, ciudadana y sistémica; anomias que provocan el aislacionismo ciudadano, comunitario y vecinal.

El síndrome del verticalismo institucional, no sólo obedece a la concentración del poder público en manos de los tomadores de decisiones, refleja también la impericia de una burocracia enquistada, que no acepta que la construcción de toda tarea del Estado es siempre una construcción social.

La paradoja estriba en que la clase política suele apelar al apoyo ciudadano para poder edificar el ejercicio de gobierno, reconocimiento abierto que es maniatado al subvertir la voluntad soberana en la toma de decisiones y la horizontalidad programática de las acciones del quehacer público, lo que destierra la génesis del poder político.

Por ello, repensar lo político desde abajo y desde adentro, implica darle fortaleza y cauce a las estructuras primigenias de la sociedad. Rescatar la génesis comunitaria y vecinal es el primer lazo político, que desde lo local, hace del ejercicio de gobierno, la microfísica de todo poder público. Sí entendemos este paso articulador, comprenderemos que las estructuras sociales primarias son imprescindibles en la cocreación pública y en la estabilidad y armonía social, realidad que exige la creación del Instituto de Participación Ciudadana (IPC), como interlocutor y cauce lógico de la ciudadanía activa.

Es importante retrotraer el análisis que hace más de un año realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en la estrategia ENCCÍVICA, la cual señalaba la crisis que existe de cultura cívica y los efectos perniciosos de la carencia de participación ciudadana transversal en la tarea pública.

Este llamado del INE, invitó en diferentes foros a nivel nacional, a crear las condiciones y mecanismos que permitieran desarrollar una autentica cultura cívica, que proviniera de las estructuras comunitarias y vecinales; que vinculara al asociativismo y la inteligencia social con la inteligencia institucional; que derribara las fronteras de intereses oscuros; y que fomentara una auténtica política pública de la participación ciudadana. Lamentablemente, la estrategia pasó inadvertida a los tomadores de decisiones, casi como lo hizo el “Informe País”, que se convirtieron en instrumentos palaciegos o decorativos a los que “alguna vez”, en “algún discurso”  se hace referencia.

Por si fuera poco, en la cabeza de la Hidra, la Agenda 2030 de Naciones Unidas rescata la génesis de las estructuras comunitarias y vecinales, no sólo para hablar del “Desarrollo Sostenible”, sino para criticar el déficit de inclusión política de estos sectores sin esperanza de desarrollo y seguridad humana; el incipiente protagonismo de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas; y el debilitamiento de la cultura cívica. Factores consustanciales a las prácticas de Gobierno Abierto, que están relegados, o en muchos casos, en el olvido.

Es increíble que los ciudadanos nos hayamos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra; parias de la indolencia gubernamental, e indigentes de la razón de Estado.

La crisis de participación comunitaria y vecinal en las estructuras institucionales, advierte que esta marginación política de la ciudadanía mantiene en jaque no sólo a la sociedad, sino también al Estado y amenaza con el exterminio de estas estructuras sociales, que constituyen un tejido social indispensable del desarrollo humano, y no una moneda de cambio para favorecer a políticos o procesos electorales.

No podemos seguir en la política del extravío, porque en ella se fragua la ruptura de la cultura cívica, la ciudadanía y el porvenir de la Nación.

 

Agenda

 

  • La renuncia de Margarita Zavala como Candidata Independiente a la Presidencia de la República perfila nuevos escenarios en la contienda electoral, que abre posibilidades para una reestructuración de los aspirantes, que en el debate de ayer perfilaron nuevas propuestas que la ciudadanía deberá tomar en cuenta para realizar su elección.
  • Ante observadores de diferentes organizaciones internacionales y países, en Venezuela se llevaron a cabo los comicios presidenciales, en un clima en extremo delicado, debido a la participación vertical de la maquinaria de Estado y a la grave crisis económica, política y social imperante.

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La Cultura Cívica y la Construcción de Ciudadanía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura cívica, como dimensión política de las acciones del Estado moderno, aparece aquejada por una crisis institucional y social, donde la ciudadanía insular, aquella que se siente ajena o relegada por las acciones públicas, se aísla en un claro rechazo hacia los tomadores de decisiones, como respuesta a la exclusión anti asociativista y verticalista del poder.

El desinterés de los ciudadanos y la apatía del gobierno y de los actores políticos por promover la formación de una cultura cívica, que le devuelva al ejercicio de gobierno la capacidad de encauzar la identidad nacional y trascender las nociones básicas de derechos y deberes, propicia la disfuncionalidad institucional e impide vínculos de dignidad solidaria.

Ante esta crisis de cultura cívica del orden sistémico, Lorenzo Córdova Vianello Consejero Presidente del INE, manifestó “Es necesario crear una política pública en materia de cultura cívica que nos ayude a resarcir el resquebrajamiento de nuestro pacto social y a configurar un nuevo paradigma cultural.”

El mensaje es claro, indica construir una politica pública que fomente la interlocución directa para un ejercicio gubernamental eficiente y eficaz; impulse formas asociativistas y horizontales en la toma de decisiones; establezca la transversalidad que articule a ciudadanos e instituciones; garantice con una nueva visión política, la construcción de ciudadanía activa para fortalecer nuestra convivencia democrática; y disponga en una Ley de Cultura Cívica, la responsabilidad de hacer cumplir estos mandatos a un organismo como el Instituto de Participación Ciudadana (IPC), que hemos venido perfilando.

Empero, la realidad advierte que la educación cívica y la praxis ciudadana son contextos disociados y realidades antitéticas, cuyas expresiones de descomposición social como corrupción e impunidad, desigualdad y discriminación, apatía y desconfianza, afianzan los antivalores que atentan contra nuestra convivencia democrática.

Este divorcio ciudadano, no sólo aparece en la formación cívica de la educación formal, también está presente en los núcleos familiares, donde las discusiones, revelan que lo aprendido en la educación, se pervierte en la cultura cotidiana y en la personificación del poder, que suelen ser zonas vacías para la honestidad y la solidaridad.

La desconfianza ciudadana producto de la corrupción e impunidad, fractura la cultura cívica sin que el ejercicio gubernamental encuentre en la construcción de ciudadanía un espacio auténtico de expresión humana.

La política y los políticos se han convertido en entes antitéticos del desarrollo humano. Son el contraejemplo de los valores del civismo. Su praxis gubernamental aparece como una estela de maldad sórdida, donde las demandas ciudadanas son poco menos que quimeras, o bien, horizontes lejanos, tan distantes como la relación que tienen con sus representados.

La gravedad del caso estriba en que la conciencia política, que debería ser la sustancia del ejercicio de gobierno y de los partidos políticos, se ha diluido desde hace décadas ante el anquilosamiento de estas estructuras, cuya momificación sólo presagia hartazgo político e inconformidad social.

La política no puede seguir siendo espectáculo de mimos de la demagogia o del gatopardismo, que tras bambalinas suelen esconder intereses oscuros que se convierten en peculado, porque olvidan su deber y hacen del encargo público el cofre del tesoro Nacional, mientras la sociedad civil, en su indolencia, se ha convertido en una masa amorfa y muchas veces insensible.

Rob Riemen, en su libro “Para combatir esta era”, precisa esta desorbitada interacción entre la sociedad civil y la sociedad política, al referir que “La sociedad de masas, -aludiendo al filósofo español José Ortega y Gasset-, es el resultado inevitable de lo que Nietzsche tan lúcidamente predijo: el declive de los valores morales y el nihilismo.”

¿No es acaso la negación del civismo y la política, lo que ha hecho que el ciudadano no tenga una identidad y rechace su rol histórico en la esfera pública?

Qué desgarrador ver al mexicano oprimido por el mexicano; sentir que se ha extraviado el rumbo, y pensar que no existe espacio para dignificar a la sociedad.

¿Dónde queda entonces el espacio público y, significativamente, cómo entendemos este espacio que parece perdido, condenado al inframundo político?

¿Acaso no es este mismo nihilismo político el que ha hecho de la democracia un trabalenguas social, que no lo entiende ni la misma élite política?

La cultura cívica no trasciende desde el espacio educativo a la vida del ciudadano, porque sus valores y aprendizajes se han mutado para trastocar todo sentido de confianza, probidad y honestidad, vulnerando no sólo la credibilidad del hombre común, sino también, su esperanza en la humanidad.

Duele no encontrar un espacio ciudadano de expresión pública. Parece que los parques sustituyen al partido político o a una dependencia pública, porque en un parque los padres que llevan a sus hijos, hablan del porvenir, de su esperanza en las futuras generaciones; trazan ciudades y calles imaginarias, donde no existe contaminación, basura o balaceras, pero dolorosamente, una vez que se acaba el juego de sus hijos, vuelven a una realidad que no promete esperanza, ni certidumbre en el espacio público.

Hoy, que hablamos de elecciones y procesos electorales, el ciudadano no ve en los candidatos la decisión que se convierta en esperanza, porque nuestra cultura cívica se reduce al voto que encumbra a un candidato que promete un futuro mejor, pero el voto del ciudadano se da en la desconfianza, en el miedo y, lamentablemente, en el rencor social.

Demacrados en la vida real y con maquillaje en las fotos de campaña, muchos políticos no pueden retocar la realidad en los debates, sólo ofertan propuestas populistas y demagógicas que son la antesala del fascismo; venden ilusiones baratas, pero no realidades ciertas; y derriban toda esperanza del ciudadano por conocer y entender cuál es la lógica de construir gobierno y por qué es necesario el ejercicio cívico en el gobierno.

No existe cultura cívica sin ciudadanos y sin la universalidad del espacio público.

El ailamiento político de los ciudadanos en estos momentos electorales, es el espejo de un cáncer que amenaza con aniquilar a la razón de los hombres ciertos, aquellos que construyeron la Nación y que hoy, grupúsculos políticos de intereses oscuros, pretenden despojarlos de toda esperanza y dignidad humana.

Agenda

  • A cincuenta días de la elección presidencial, los candidatos han cambiado sus estrategias políticas, aprestándose para el próximo debate del 20 de mayo. Sin embargo, hasta la fecha ninguno ha comunicado su agenda de eventos donde convoquen al análisis y deliberación de sus propuestas y programas de gobierno.

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Los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 y la Participación Ciudadana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El debate sobre los principios valóricos del Gobierno Abierto (Open Government Partnership), exige un proceso político que incremente la participación ciudadana, la corresponsabilidad, la horizontalidad y el asociativismo en la toma de decisiones públicas.

Considera que el reto sustantivo es construir un Estado Abierto (EA), en el que la apertura de los poderes públicos en sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, serían el signo inequívoco de una democracia inteligente, que proyecta la integridad institucional como respuesta al interés social de construir un gobierno nacional y gobiernos locales más transparentes, horizontales y colaborativos.

Se trata de impulsar el surgimiento de nuevos paradigmas en la concepción del Estado y sus relaciones con la sociedad, para establecer la nueva forma en que el gobierno se entienda a sí mismo, e identificar la manera como otros actores lo conciben e interactúan con él.

El trazo internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), perfila como ejes nodales de la inclusión ciudadana en la toma de decisiones, a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la tecnología e innovación, particularmente las TIC’s aplicadas a aperturar los datos y la información pública para visibilizarla y hacerla del dominio ciudadano.

Los logros institucionales alcanzados por esta iniciativa son loables; empero, son insuficientes debido a que no se interpreta desde la realidad ciudadana las necesidades y dinámicas de cada sociedad, ya que la aplicación de mecanicismos reduccionistas impide que la participación ciudadana se manifieste con todas sus virtudes como fuerza endogámica para responder a contextos expresos, que no son ni uniformes, ni lineales.

En este sentido, olvidamos al ciudadano y nos empeñamos en pensar que un sistema per se, es el que genera condiciones de reestructuración político-social. No consideramos que la participación ciudadana se traza desde lo local, desde los componentes de una realidad micro-social que se esgrime en lo comunitario y lo vecinal y desde allí se encauza a las estructuras sociales primarias como la familia, la cultura popular, los núcleos vecinales, los clubes deportivos, las instancias infantiles, las cooperativas ciudadanas, las organizaciones de colonos y pobladores, así como las Universidades y los núcleos intelectuales.

Así se construyen los vasos comunicantes que crean municipalidad abierta y gobierno inteligente y asociativista; factores claves de la integración humana más allá del plano jurisdiccional, cuyo peso endogámico, sin embargo, no puede ser replicado de manera uniforme ni simultánea.

Hay que enfrentar el verticalismo institucional en la toma de decisiones, que hoy tiene en jaque al Estado y que es visto con una desconfianza de tal magnitud, que el ciudadano camina en la desesperanza; vive el día a día porque no puede construir el porvenir desde la concentración de la riqueza, en la desigualdad, en la pobreza, en la corrupción y la impunidad, males endémicos que tienen al pueblo famélico y sin fuerza para apoyar a la Nación.

La nueva lógica de desarrollo y seguridad humana en los gobiernos subnacionales, advierte que el Gobierno Abierto desde lo local, al sustentarse en una Política de Datos Abiertos, incide beneficiando a todos los sectores, ya que cualquier persona puede utilizar, reutilizar y redistribuir los datos públicos de las instituciones gubernamentales, lo que despierta la inteligencia social para innovar y colaborar construyendo soluciones a problemas comunitarios y a mejorar las políticas públicas; lo que hace de esta iniciativa la mejor herramienta para lograr los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030.

Debe entenderse que la información pública adquiere valor social, porque como lo expresa Alejandra Lagunes, “los datos abiertos no sólo son un componente fundamental de la transparencia, son esenciales para la colaboración y la cocreación entre gobierno y sociedad; impulsan la nueva economía del conocimiento; incrementan la productividad; y son un insumo básico para una economía de innovación…traducen los datos en acciones concretas que impactan el desarrollo del país”.

Empero, esta argumentación sustantiva exige respuestas a ¿Cómo encauzar la fuerza ciudadana hacia un estadio de plena apertura del gobierno y cocreación de la tarea pública?, ¿Cómo vertebrar la organización de la participación ciudadana, que se encuentra al garete para apoyar el ejercicio de gobierno?

La respuesta es constituir desde el ámbito local el Instituto de Participación Ciudadana (IPC), como organismo que propicie de manera libre, abierta y plural, el empoderamiento de las estructuras comunitarias y vecinales, para hacer efectiva la toma de decisiones públicas y encauzar un nuevo Modelo de Participación Sustantiva de Construcción Gubernamental, que desde la ingeniería constitucional, haga posible fortalecer la eficiencia del ejercicio de gobierno.

Es necesario crear el Instituto de Participación Ciudadana (IPC) desde la convicción horizontal y asociativista, que permita a la fuerza ciudadana crear el crisol unitario de la política viva, aquella que infunde nacionalismo y verdad, aquella que vuelve a la función del Estado, en dignidad humana.

El IPC constituirá una estructura de fuerza efectiva para la ciudadanía. Le dará cauce y sentido a la labor política, que siempre ha sido planteada desde su génesis ética, para privilegiar al más débil y armonizar a la sociedad; brindar oportunidades con piso parejo; crear lazos de solidaridad humana; y darle vida a la Nación.

Todo se habrá perdido si no creamos mecanismos institucionales que vayan acompañados de estructuras ciudadanas; si seguimos en el disfraz de la simulación política, que es la génesis del subdesarrollo social en el que nos encontramos varados.

Si el IPC promueve Gobierno Abierto, las señales para reconocerlo son claras.

Veremos al ciudadano caminar con orgullo. No habrá vendettas o rencillas espurias entre ciudadanía y gobierno y se hablará con la verdad instrumentada desde la voz del pueblo y del contrato social. Prosas del espíritu ciudadano para impedir que la desconfianza, la corrupción y la impunidad, sigan siendo el epitafio y el despropósito del camino cierto del pueblo.

Hoy, las estructuras políticas tienen un gran reto: ejercer el gobierno en favor del ciudadano para dignificar su vida, para reconstruir las fibras sensibles de la probidad del Estado, la identidad unitaria, el nacionalismo y la dignidad, aquellas que Morelos tradujo en los “Sentimientos de la Nación”, que han quedado en el olvido, irónicamente, como lo está el ciudadano.

Agenda

  • En la toma de protesta de soldados y marinos del Servicio Militar Nacional el Presidente Peña Nieto afirmó: “La soberanía no sólo se defiende con armas, también con la fuerza de la razón“.
  • Andrés Manuel López Obrador mostró su carácter intolerante y autoritario frente al Consejo Mexicano de Negocios que rechazaron sus señalamientos por ser “injuriosos y calumniosos“.

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El IPC y el Valor Humano de un Buen Gobierno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El déficit de inclusión de ciudadanía en la toma de decisiones de la esfera pública, es producto de la carencia o precariedad de mecanismos jurídicos, políticos y sociales, que inhiben el ascenso del tejido social a la corresponsabilidad y provocan insuficientes resultados de la tarea pública.

Atender esta problemática exige contar con instituciones públicas eficientes, que generen y distribuyan bienes públicos con eficacia y con justicia; priorizar la rendición de cuentas a las instituciones establecidas para este propósito, y acreditar al tejido social un desempeño eficaz, que apegado a la legalidad, reconozca el valor humano de un buen gobierno.

La rendición de cuentas (Accountability) debe trascender como mecanismo de horizontalidad plena, superar las contradicciones históricas de la verticalidad del poder político y garantizar que la información del Estado y sus instituciones, sea imperativo de universalidad del espacio público y de gobierno abierto.

El papel vital de la rendición cuentas, de acuerdo a Edna Jaime, es “…la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por su conducta, que se vean forzados a justificar y a informar a la sociedad sobre sus decisiones y que puedan ser sancionados por ellas.”

Esta prescripción de control del poder institucional, incide en el cumplimiento de las obligaciones legales y políticas por el manejo de recursos públicos, lo que vuelve a la rendición de cuentas un instrumento del pueblo.

Este salto cualitativo a la rendición de cuentas horizontal o social, se erige como contrapeso de la gestión pública, que hace del escrutinio ciudadano un mecanismo que puede sancionar y trascender las fronteras de corrupción, impunidad y opacidad de los rituales patrimonialistas, que esconde la rendición de cuentas verticalista.

Esta potencial circunstancia, reclama un sistema de justicia eficiente, que sin distingos haga valer la ley y de un sistema político, que en su ejercicio cotidiano, custodie y vigile desde la virtud cívica de la conciencia social, que el voto no sea el único instrumento ciudadano que puede avalar el buen desempeño de la función pública.

Entendamos: el voto, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, no son mecanismos idóneos para garantizar la rendición de cuentas. Son recursos reactivos hacia una tarea pública incumplida, prácticas propias de culpables y de castigos populistas, que no caben en una democracia inteligente, ni en un orden civilizatorio.

La sanción ciudadana al ejercicio de gobierno se hace día a día, como práctica que construye ciudadanía; lo contrario genera parias de la democracia y extranjeros en su propia patria.

Sin objeción alguna, nadie por encima de la ley ni fuera de ella. La institucionalidad debe ser escrutada para que la actuación de las instituciones legales y políticas, cumpla el papel de certidumbre y dignidad frente a la ciudadanía.

La participación ciudadana es el contrapeso armonioso de la función pública y genera el desenvolvimiento pleno del ciudadano y el quehacer de sus organizaciones. No debe verse como el talón de Aquiles que impide la operatividad administrativa, sino como el vector que le da rumbo y sentido a la gestión pública.

El déficit de participación ciudadana, exige incorporar la corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas y en las prácticas que destierren la simulación, porque obstruyen la construcción de ciudadanía y los principios valóricos del derecho al buen gobierno.

¿Por qué la exclusión de la participación ciudadana, tiene que ser el clavo de la cruz y no la génesis de una reestructuración del statu quo?

La sensatez política exige crear más y mejores estructuras y espacios ciudadanos.

En esta tesitura, el Instituto de Participación Ciudadana (IPC), construirá la Agenda de Exigencias Ciudadanas; brinda retroalimentación, información y guía corresponsable a la tarea de servidores públicos y a los representantes de encargos populares, lo que potencia la interoperatividad administrativa y la generación de resultados.

Principios valóricos del ejercicio de la función pública, que no pueden quedar a la zaga de la dinámica social, ni de la prospectiva del desarrollo, ni de la seguridad humana que el Estado debe salvaguardar, como tendencia creciente a concretar el derecho humano a un buen gobierno.

Este paradigma impone revalorar la concertación progresista entre ciudadanía y gobierno, como génesis de un Nuevo Modelo de Participación Ciudadana, lo que permite que el IPC, afiance la oportunidad social que exige la reinstitucionalización del Estado.

El IPC hace previsible edificar logros sustantivos en materia de gobernabilidad y gobernanza, donde los criterios de corresponsabilidad gubernamental en la construcción de planes, programas de gobierno y políticas públicas, darán un salto cualitativo en la generación de expectativas y oportunidades de desarrollo y seguridad humana.

El IPC es una estructura de certidumbre político-ciudadana, que consolida los procesos de gobierno horizontal, como condición sustantiva de una democracia abierta; promueve el ascenso de la conducción ciudadana a la tarea pública; y profundiza la consecución de un sistema de justicia que afiance las prácticas de certidumbre de la estructura de obligaciones del Estado Democrático de Derecho.

En este escenario, el papel de la sociedad civil organizada es vital para trascender las prácticas de simulación política y de pantomima pública, factores de dispersión del poder social, que hasta ahora han minado el virtuosismo de la gestión político-administrativa, configurado el desánimo y propiciado el desencuentro iracundo de los ciudadanos.

Lo público es el patrimonio más puro en la construcción de ciudadanía, porque articula a los sujetos sociales en la dinámica e interés por edificar mayores y mejores oportunidades para el país. Su despojo ha constituido una afrenta que amenaza con una ruptura social, capitalizable por grupos populistas y fascistas.

Es necesario trazar una nueva línea de inclusión política de la sociedad y sus organizaciones. Darle rumbo y certidumbre a un régimen político integral de ciudadanía abierta y de resultados, este es el principio valórico del buen gobierno, fundamento sustantivo en la creación del Instituto de Participación Ciudadana.

Agenda

  • En la gira por Alemania, el Presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Ángela Merkel inauguraron la Feria Industrial de Hannover, en la que México participa como País Socio. Es el primer país latinoamericano que ostenta esta categoría, como socio comercial de Alemania.
  • El Senado de la República ratificó el CPTPP, donde once países de la Región Asia Pacífico, crearán la Zona de Libre Comercio más grande del mundo, de la que México es partícipe.
  • Malas noticias para nuestra democracia, en Hidalgo sólo el 57% de los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa, habían confirmado su participación en los debates.

 

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Ciudadanía y Diseño del IPC para el Desarrollo Institucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insistir en la interdependencia de las variables confianza, legitimidad y credibilidad en el ejercicio de gobierno, es un afán recurrente de la sociedad que presiona y demanda una participación ciudadana corresponsable en la cocreación y toma de decisiones de la tarea pública.

El ascenso de diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos autónomos e instituciones con rostro ciudadano a nivel internacional, es un síntoma inequívoco de que el Gobierno Abierto reorienta la soberanía popular y se construye desde la ciudadanía y con la ciudadanía para dar mejor cauce a las demandas sociales.

Estas coordenadas de persistencia de la sociedad civil, por entronizar la participación ciudadana en la construcción del ejercicio de gobierno, se han topado con una premisa tecnocrática casi ineludible: la verticalidad institucional.

Esta inaceptable circunstancia resulta aplaudida por la tecnocracia, volvió a los ciudadanos clientes de los servicios públicos, condición aceptada por la sociedad; afianzó el distanciamiento de los ciudadanos y aceleró la crisis de representatividad de los partidos políticos como interlocutores y conductores sociales, por su atrofia, su anquilosamiento y su disfuncionalidad política.

La premisa es clara. En este proceso electoral, los partidos políticos, para los ciudadanos, ya no importan. Demostraron que son lo mismo: que no les interesan las demandas ciudadanas y que sólo buscan la preservación de los intereses de una élite política.

Los partidos políticos deben cambiar. Tienen que retomar el papel que les asigna el Contrato Social para ser auténticas entidades de interés público, el proceso electoral les impone hacer de la resignificación de la virtud política que encauce la responsabilidad de un ejercicio de gobierno, con los resultados que demanda la sociedad y el porvenir de la Nación.

En este sentido, Luis Rubio admite: “Esta elección es cada día más clara: se disputan dos mundos, dos perspectivas sobre la vida y el papel del gobierno en el desarrollo y en la vida cotidiana… Se confronta la arrogancia frente a la redención; una gran parte de la ciudadanía simplemente está harta del statu quo: la inseguridad, la arrogancia gubernamental, la corrupción, las promesas incumplidas y el choque entre el discurso político (de todos los partidos y candidatos) y la dura realidad cotidiana.”

Las anomias de la partidocracia y de una democracia incompleta, han debilitado la gobernanza y la gobernabilidad y sometido al Estado a una olla de presión que presagia con reventar y llevarlo a movimientos sociales populistas, fascistas o a dictaduras militares, como ha sucedido en muchos casos en Latinoamérica.

Los partidos políticos deben percatarse que los procesos democráticos han mutado. La sociedad se atomiza, los ciudadanos son maduros y aptos para el poder; el diseño institucional y su ingeniería han caducado ante un sistema clientelista y co-dependiente minando el espíritu de la democracia, la virtud de la política y el devenir de la Nación.

Pero la sociedad se rescata con su inteligencia, presiona e impulsa reestructurar la institucionalidad, para dar cauce a la armonía y solidez que requiere el ejercicio de gobierno, para asegurar el desarrollo humano y poner fin a las trabas del anquilosamiento: la corrupción e impunidad.

Es precisamente en este ámbito de reinstitucionalización donde hoy hablamos de gobierno abierto, de presupuestos participativos, de transparencia y gobierno en público, de rendición de cuentas, pero también de un sentido déficit de participación ciudadana.

En este contexto, la construcción del Instituto de Participación Ciudadana (IPC), como macrosujeto ciudadano, libre, abierto y plural, cuyo asociativismo y horizontalidad garantiza una vertebración orgánica de apoyo al vínculo socio-estatal, impone construir puentes de colaboración en la toma de decisiones entre ciudadanía y gobierno.

Esta tendencia política se afianza en un Estado que revisa la funcionalidad de su operatividad administrativa, piensa para crear y reflexiona lo construido para brindar mayores y mejores oportunidades de desarrollo y seguridad humana.

El Estado no es una camisa de fuerza. Puede (y en los hechos lo hace) reconstituir sus estructuras y hacer de su diseño operativo un intelectual orgánico, pero le hace falta darse un baño de pueblo, conocer con humildad desde las entrañas de la sociedad el dolor, la alegría y la vitalidad del ciudadano, que exigen cambiar las actuales relaciones del Sistema Político y de Gobierno.

¿Cómo se puede construir un Estado sin ciudadanos? ¿Cómo puede existir una política pública al margen de la necesidad social? ¿Cuándo un plan o programa de gobierno tuvo sentido sin la voz del pueblo? ¿Quién puede culpar y quejarse de los ciudadanos por las décadas de promesas incumplidas y el hastío social?

 

La reingeniería administrativa no es una moda, es una necesidad plena, que admite que el diseño institucional no puede ir a la zaga de la sociedad o sin ella.

La participación ciudadana es consustancial a la tarea pública. Asegurar que el diseño institucional tenga un sentido de corresponsabilidad horizontal y de pleno asociativismo, es brindar una lógica de respeto y colaboración, que afianza el Estado Democrático de Derecho, en un ámbito de Concertación Progresista.

En este contexto, el Instituto de Participación Ciudadana (IPC) regirá como modelo de laboratorio ciudadano, proclive al diseño de estructuras institucionales de corte horizontal, que permitan fortalecer la participación de la sociedad civil como aporte significativo en la toma de decisiones públicas.

Por ende, este macrosujeto de conciencia ciudadana, presenta tres fundamentos indispensables para su diseño en el desarrollo institucional:

Organización colaborativa, donde la sociedad civil y el gobierno trascienden en las tareas sociales e institucionales, como una sola fuerza de vertebración orgánica.

Ética de la relación cívico-institucional, donde la construcción de ciudadanía solo es posible cuando el tejido social es partícipe del telar público, donde se entrelaza en colaboración solidaria.

Inteligencia de la sociedad civil, donde la tarea pública se retroalimenta desde la visión ciudadana y la operatividad tecnocrática se vuelve horizontal, para apoyar un profesionalismo abierto, que fortalece la construcción de la Nación.

La mesa esta puesta, contamos con la fuerza de la ciudadanía y la inteligencia institucional. Ahora sólo falta darle rostro ciudadano al Estado.

Agenda

  • El primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, independientemente de su desarrollo, es un ejercicio cívico indispensable para conformar el criterio de los ciudadanos que dispondrán de información directa para comparar y decidir el sentido de su voto.
  • El debate consta de cuatro bloques temáticos: 1) Seguridad Pública y Violencia; 2) Combate a la Corrupción e Impunidad; 3) Democracia, Pluralismo y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; y 4) Bloque de Cierre (https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95764/CGex201804-16-ap-1-a1.PDF)

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Cultura Cívica y Construcción de Ciudadanía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de ciudadanía ante el anquilosamiento de los partidos políticos y la falta de respuestas a los problemas políticos, económicos y sociales, exige la vertebración de un panóptico en el que sobresalgan tres tesis de la cultura cívica.

Esta trilogía identifica la crisis de representatividad, que ha diezmado la participación ciudadana, e impone la necesidad de un nuevo diseño en la funcionalidad del sistema de partidos. A ella se une la crisis de legitimidad político-institucional, cuya pandemia marca la incertidumbre social y la atomización ciudadana. Completa esta secuencia la crisis cognitiva del espacio público, que enfrenta el tejido social por la erosión de la conciencia cívica.

Este escenario de debilitamiento del Estado, producto de una democracia incompleta que extravía al ciudadano y provoca la concurrencia absurda de élites ciegas que hoy amenazan la estabilidad y la armonía social, exige planteamientos de fondo ante la evidente carencia de gobernanza y gobernabilidad.

¿Cómo proceder para lograr el fortalecimiento de la cultura cívica y encauzar la construcción de nuevos mecanismos de participación ciudadana?

Dos problemas subyacen para responder desde la ciudadanía. En primer término, las crisis citadas denotan un vacío orgánico de conducción social, lo que demanda congregar desde un órgano libre, abierto y plural, el cauce de un nuevo arquetipo de ciudadanía. El segundo lugar, lo constituyen la universalidad del espacio público y la pedagogía política, condiciones que imponen la necesidad de lograr el ascenso de una conciencia clara frente al quehacer público.

En este contexto, hay que considerar que ante la atomización del tejido social, debe surgir un macrosujeto capaz de congregar las aspiraciones y anhelos ciudadanos para cocrear la tarea pública a través de una nueva dimensión de la voluntad soberana, que promueva el ejercicio de acciones y estrategias de democracia directa.

Con esta lógica, hemos postulado potenciar el intelectual orgánico para que pueblo y gobierno estrechen vínculos solidarios, que permitan planificar de manera democrática un ejercicio de gobierno que atienda los vacíos de poder y la conducción política que contrarreste los abusos del ejercicio del quehacer público; imperativo del que se desprende la génesis de un Instituto de Participación Ciudadana.

Es contundente que la construcción de ciudadanía no se hace al margen de la cultura cívica; pero no es menos cierto que el dinamismo y fuerza de la sociedad civil enfrenta hoy un serio problema de apropiación del espacio público. La creación de un macrosujeto de la conciencia, con herramientas que potencien la inteligencia social e institucional, emanado de la iniciativa ciudadana, no puede esperar, ni se debe posponer su creación, porque la lectura de la realidad devela que una sociedad atomizada no puede hacer frente a los retos de la Nación.

No podemos equivocar las virtudes de la política.

Se cuenta con la vertiginosa fuerza de la sociedad civil, transversal a cualquier acción del Estado, para recuperar la esperanza y el dinamismo ciudadano, haciendo política más allá de una formal representación unidimensional.

Entendamos con claridad: ciudadanía y gobierno no son antípodas o vectores opuestos. Es necesario reedificar como producto de una nueva cultura cívica, la concepción del espacio público que nos permita avanzar en la construcción de un nuevo ciudadano, aquel que conoce lo que hace su gobierno y toma de manera corresponsable las decisiones que lo edifican.

Si se crea un organismo ciudadano proclive a redimensionar la cultura cívica y el espacio público, edificaremos política con el Estado, condición vital para contrarrestar los arquetipos mesiánicos, el gatopardismo, el ascenso del populismo y, definitivamente, frenar al autoritarismo fascista que hoy se cierne sobre los hombres de nuestra tierra y el mundo.

Avanzar en la construcción de ciudadanía implica crear una revolución de la cultura, donde el civismo recupere el aliento perdido de la Nación; evite caer en el burocratismo de algunos planes y programas de gobierno concebidos como paliativos sociales; o en la ejecución de políticas públicas de escritorio, que hoy parecen desahuciar al ciudadano, que languidece lo mismo en el campo que en las grandes urbes, sin identidad, sin confianza y como huérfano de la clase política que lo mira como pordiosero.

¿Cómo recuperar la dignidad y la confianza ciudadana?

Esta es la verdadera tarea del Estado. Exige invertir los protocolos en la toma de decisiones, jamás obviar la fuerza de la sociedad civil, nunca reducir a comparsa al tejido social, ni hacer a la pedagogía política educación parvularia, porque ello ha fraguado el fracaso de la política.

Si verdaderamente la clase política desea dignificar su labor, debe caminar con paso firme, escuchando al ciudadano, pavimentando el camino de una reingeniería constitucional que sea producto de la voz del pueblo, y no discriminar a través de la vendetta ideológica, religiosa o racial. Esa es la esencia de su misión, que se ha extraviado, perdiendo con ello la credibilidad y confianza de la sociedad.

El alumno aprende escuchando, asimila la edificación educativa y la potencia en la praxis. ¿No es esta la mayor lección que deben aprender de la política docta los políticos, para co-representar unidos a las mujeres, a los hombres, y a su pueblo?

No existe la representación política al margen del espíritu ciudadano. Apostemos por la inclusión, creamos en la Nación, pero desde su génesis: el pueblo.

Hoy que la clase política pone en juego el destino de la Nación en el proceso electoral, no puede olvidarse que el pueblo no es un abstracto; que se constituye por hombres y mujeres, que tienen el genuino derecho a ser respetados, más allá de una plataforma programática y por encima de ella.

El ciudadano no puede ser reducido al voto en una urna, porque su voluntad no responde a la planificación sexenal, sino a la conciencia cierta de que el fin último del gobierno es la dignidad humana.

Construyamos un macrosujeto de conciencia ciudadana; demos el gran salto que extinga el déficit de inteligencia política y, sólo así, dejaremos de ser una sociedad en crisis.

Agenda

  • El TRIFE dispuso en una sentencia dividida cuatro contra tres, la inclusión del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” en la boleta de la elección para la Presidencia de la República. Esta determinación insólita, contrasta con la certidumbre de un proceso iniciado, que defendieron ante la opinión pública.
  • La Presidencia de la República de Chile firmó el decreto que crea el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, para asesorar a la Presidencia de la República.

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El Instituto de Participación Ciudadana y la Cultura Cívica

 

La Cultura Cívica requiere fortalecerse para abatir el síndrome de desafección política y las anomias de una democracia endeble, cuya fragmentación social plantea una encrucijada que amenaza la estabilidad del orden sistémico.

Ante esta realidad, el consenso ciudadano ha tenido una reacción que clama por la edificación un gobierno que responda al contexto de una sociedad que aspira a empoderarse del espacio público, pero se encuentra impedida en dinamismo y vitalidad política, para participar en la toma de decisiones del Estado.

¿Cómo avanzar en un país donde la corrupción, la impunidad, la discriminación y la desigualdad se erigen como rostros de la descomposición del Estado Democrático de Derecho y de la paz social?

¿Cómo superar este contexto que ha causado un cisma en la conducta social trazando la frontera del desencuentro, la atomización y la beligerancia, que hacen irrespirable la realidad y atentan contra la dignidad y el derecho humano a la participación ciudadana?

Las respuestas son contundentes. Es necesario impulsar una Ley de Cultura Cívica y un Instituto de Participación Ciudadana (IPC), para lograr que la ciudadanía constituya el epicentro del acontecer del Estado como actor político animado, maduro y con pensamiento propio, que no requiere tutelas, ni liderazgos mesiánicos prodigiosos.

Esto exige multiplicar los espacios de participación; hacer de la cultura política, una dimensión de pedagogía ciudadana; trascender a la cocreación de la tarea pública, que active un proceso de ciudadanización desde la perspectiva de los derechos humanos y del civismo; y entender que las personas están provistas de inteligencia social y dispuestas a participar en el ejercicio de gobierno.

Es evidente que los ciudadanos no son sujetos aislados de su devenir, hacen historia en el Estado y con el Estado y son esencia del poder horizontal que las élites han impedido, olvidando el precepto de soberanía popular y violando el principio de representación entre mandatario-mandante, lo que ha invertido el paradigma político, auspiciando la corrupción y la impunidad que hoy nos embarga.

Hace un año, el Instituto Nacional Electoral creó ENCCIVICA, estrategia de pedagogía política que pretende garantizar la transversalidad del derecho humano a la participación ciudadana.

La iniciativa cobró vida pero requiere consolidarse para ir más allá del escenario electoral en que la ha enclaustrado el INE, y reclama la concurrencia de la ciudadanía, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, para socializar su conocimiento y convertirla en política pública. Prescripción que advertimos al proponer la creación del Instituto de Participación Ciudadana (IPC), sustentado en la participación del tejido social en el quehacer público, desde una Ley de Cultura Cívica que marcaría su ascenso.

La genética de ENCCIVICA está parida para contrarrestar las anomias que hoy flagelan a nuestra sociedad. Es una respuesta a los anhelos ciudadanos de construir un nuevo paradigma en la toma de decisiones públicas ante el peso de la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la pobreza y la defensa de los derechos humanos en la transversalidad del Estado.

Todas estas cualidades y virtudes se ven enfrentadas al Síndrome de Abstinencia de la Conciencia Ciudadana (SACC), pandemia mundial que nos alecciona que cuando un ciudadano no transita en la Cultura Cívica, se encuentra destinado a deambular en sociedades indolentes, sin huellas y sin memoria.

El SACC como antítesis de la horizontalidad social, debilita la política, la democracia directa y crea la bacteria del populismo y el fascismo, donde los líderes mesiánicos están prestos a maniatar a la ciudadanía con un feroz autoritarismo que se disfraza de promesa política.

Ante el debilitamiento político y democrático que experimenta la sociedad, la participación ciudadana es el mejor antídoto contra los arquetipos mesiánicos.

Empero, es fundamental entender que la democracia electoral es una dimensión del ejercicio público, que requiere de un compromiso irrestricto con la cultura política y el civismo, necesario para construir una ciudadanía que asuma que la conciencia nos ha sido legada para entender a los que no tienen rostro y defender con nuestra voz ciudadana, lo que es de todos.

En este contexto la Cultura Cívica impacta los roles de ciudadanía y gobierno, fortaleciendo la conciencia, la organización ciudadana y las bases de la educación política para desterrar la demagogia y el gatopardismo, lo que se logra cuando el pueblo y su gobierno son el mismo crisol que enfrenta los retos de la Nación.

El Presidente Enrique Peña Nieto expresó en este sentido que, “Un gobierno que respeta, escucha y trabaja con la sociedad civil, es un gobierno que comprende que la verdadera democracia se construye mediante un diálogo permanente con los ciudadanos“.

Estas palabras, son el claro balance que nos enseña que no existe gobierno sin pueblo y que el quehacer público es en público, realidad sustantiva que ante el proceso electoral en curso, advierte que una ciudadanía indolente, sin articulación moral e intelectual, está condenada al fracaso.

Apoyamos la idea del Presidente cundo manifiesta que “Hoy, contamos con un elemento a nuestro favor: la existencia de una nueva cultura ciudadana que reconoce los derechos humanos como una causa que nos une y nos convoca a todos…Juntos, sociedad y gobierno, avanzamos hacia a un México donde impere la ley y se haga justicia para que cada ciudadano ejerza con plenitud sus derechos fundamentales.”

El Ombudsman Luis Raúl González Pérez (CNDH), avala la prescripción del Presidente, porque entiende que el derecho humano a la participación ciudadana no se da per sé.

Si algo nos ha enseñado la historia de las sociedades modernas es que la democracia se conquista; se edifica en la corresponsabilidad y en la inteligencia social; que su esencia es la conciencia política; que su trascendencia, es el ejercicio de gobierno; y que el inmovilismo político sólo pavimenta el camino a la antipolítica, a la represión y a la tiranía.

El pueblo debe renacer desde la conciencia de que su participación como derecho humano no es un privilegio, sino la más pura expresión del poder que tiene rostro ciudadano.

Agenda

  • El “Viacrucis Migrante”, que realizaron centroamericanos, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, causó la ira de Trump quien increpó al gobierno mexicano y amenazó con extinguir el Tratado de Libre Comercio y enviar al ejército a custodiar la frontera con México. Ante este agravio inadmisible, el Presidente Peña Nieto respondió defendiendo enérgicamente el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos.
  • La COPARMEX publicó el “Manifiesto México” en el que convoca a ciudadanos, partidos, candidatos y autoridades, atender una agenda de siete demandas para el desarrollo del país.

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