La Semántica Democrática frente al Pragmatismo Político

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transformación de la Nación es un imperativo impostergable, pero no puede sustituirse la semántica de la acción democrática del pueblo por el pragmatismo como política de Estado, porque al pretender ganar una batalla a toda costa, se puede perder la guerra.

Toda sociedad compleja entraña gobiernos complejos, cuya primacía política debe trazar el rumbo, más allá de la demagogia, del gatopardismo y de escenarios proclives al desencuentro, ni someta al pueblo al fascismo o al populismo encarnizado.

Durante décadas hemos padecido la descomposición política de una democracia deficitaria, incompleta y quejumbrosa, que acompañada del anquilosamiento institucional, no ha logrado que la voz del ciudadano sea escuchada por el gobernante, y ha sustituido la sana relación entre la inteligencia institucional y la inteligencia social por la cruda verticalidad fronteriza entre gobernantes y gobernados.

Trascender en el ejercicio de gobierno, sólo es posible allí donde la política es la acción de una democracia inteligente, que se expresa en una ciudadana activa, donde los poderes públicos se armonizan para fortalecer la planeación democrática y dar cauce al juego de pesos y contrapesos, que permiten que el equilibrio público se traduzca en equilibrio social.

En este trazo reflexivo, la arquitectura política en nuestros días, y significativamente los cambios vertiginosos de la transformación que vivimos, invitan a precisar los alcances del devenir social y clarificar la prospectiva del proyecto nacional.

La primera visión al respecto debe ser derrotar el escenario apocalíptico del México bolivariano al estilo chavista. Venezuela no es el símil de nuestra Nación y la historia no establece mayor paralelismo con el país sudamericano, que no sea la emancipación independentista, además que su conformación democrática atiende a una dinámica social distinta, cuya prácticas autoritarias y verticalismo político son sus banderas del cambio.

La receta política de Maduro en el modelo venezolano, que hoy atraviesa por una encrucijada, debe abrir los ojos al mundo para entender que el populismo es el caldo de cultivo del desencuentro y la desolación social, escenario peligroso por el cual México no debe ni puede transitar.

La siguiente acción es precisar que la estructura del Estado, encarnada en los poderes públicos, no está concebida para erigir ínsulas de poder, sino para armonizar la gestión pública y potenciar la voz del pueblo y los intereses de la Nación.

La estructura institucional no puede desvirtuarse, provocando desde una opresión verticalista su debilitamiento. Es un craso error caer en un despotismo inconsciente, donde el ejercicio público desvirtúa su función desde la posición preponderante de un poder público cuyo ejercicio de atribuciones metaconstitucionales motivan álgidos debates frente a las fuerzas políticas y la ciudadanía.

Entonces, la premisa básica ante el recrudecimiento político estriba en cómo lograr que la transformación democrática se erija en el balance armónico del devenir de la Nación.

La primera condición es el respeto y fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. Todo orden político debe hacer de la ley el sustento de defensa del pueblo, del que emana la virtud del ejercicio de gobierno. Trastocar y violentar su espíritu, agudiza el deterioro de las estructuras políticas y de gobierno, ya que no alcanzan su plena potencialidad y evitan que la razón política articule la racionalidad que se requiere para hacer del quehacer público una dimensión de oportunidad societal.

El segundo aspecto es revitalizar las estructuras sociales y el asociativismo ciudadano. Las formas de participación ciudadana elevan su sentido de intelectual orgánico, predispuesto a fortalecer las acciones gubernamentales y manifestarse en una armónica gobernanza activa y políticas públicas, que atiendan las agendas ciudadanas. No contar con la dinámica de la horizontalidad política que encarne el pueblo, neutraliza sus acciones y nulifica sus potencialidades, debilitando al Estado.

Este escenario invita a evaluar la actual transformación política emprendida, advirtiendo que democracia y participación ciudadana son los sustentos fundamentales de un ejercicio público que hoy se ha vuelto precario.

El papel del Estado es siempre central en el dinamismo social. Transformar implica depurar, no minar ni obstruir. Es pertinente pensar a la transformación de la Nación como una oportunidad incluyente, jamás sectaria o parcelaria, sino, como componente lógico de la interlocución del pueblo hacia sus anhelos y frustraciones, no como medidas que pueden profundizar antagonismos y poner en la mesa la discordia política, que invariablemente, termina por convertir a los adversarios en enemigos.

El vertiginoso y reactivo cambio político que estamos viviendo día con día, abre diferentes frentes o trincheras, que generan incertidumbres innecesarias en el ejercicio de gobierno. No puede perderse de vista ni la relación ética con la ciudadanía, ni el valor de su voz y mucho menos de su mandato. Relegar el disenso y la crítica política a un segundo término, genera súbditos en vez de ciudadanos, condición peligrosa cuando el discurso público intenta hacer lo contrario.

El ejercicio de gobierno no puede convertirse en una amenaza para la democracia; por el contrario, debe preservar la fuerza orgánica de la sociedad que construye el porvenir, para trazar el sustento solidario de un gobierno que comprende la dinámica y la complejidad social; y que asume la horizontalidad y el disenso, como insumos políticos cuya validez reorienta el ejercicio público.

La interdependencia entre los poderes públicos, garantiza la eficiencia operativa de las acciones del Estado y revela que la inteligencia institucional hace posible que la razón humana que dio origen al Estado Democrático de Derecho, lo asuma como una conquista social, que frena los abusos de poder y expone las condiciones metaconstitucionales, como el cáncer que vulnera a la democracia.

La transformación de la Nación debe ir más allá de la intención del ejercicio de gobierno por generar simetrías políticas y legales, no puede extraviar el camino y generar asimetrías sociales, porque allí donde se ha pretendido propiciar lo contrario, nace el desencuentro con el pueblo.

Agenda

  • Pemex anunció que el abasto de combustible está garantizado en el país, empero el reclamo social y la inconformidad revelan que la logística utilizada por la paraestatal es deficiente y no logra un suministro adecuado, poniendo en riesgo la seguridad y armonía social.
  • Se convocó al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en el que se discutirá y aprobará en su caso la creación de la Guardia Nacional; el proceso de selección del Fiscal General de la República, cuya designación y remoción dependen del Jefe del Ejecutivo; reformas al artículo 19 constitucional que amplían el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y nombramientos en el Ramo de Relaciones Exteriores.

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La Trasformación Nacional y el Divisionismo político

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las democracias modernas han trascendido las lógicas de la verticalidad del poder político, ampliando el radio de acción social y las conquistas ciudadanas que hoy se elevan por encima de los intereses mezquinos y sectarios, sin que ello implique, todavía, la plena horizontalidad para trascender a una sociedad justa y en igualdad de oportunidades, con y para los ciudadanos.

La transformación de la Nación ha iniciado a un ritmo vertiginoso; donde un nuevo estilo de hacer política impulsa cambios que pretenden sustituir las antiguas prácticas de verticalismo político, por la horizontalidad social, en una tensa relación socio-estatal.

En medio de esta difícil convivencia, se da un escarceo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que perfila un divisionismo en las estructuras institucionales; entramado que merece ser escudriñado exhaustivamente, para dar paso a una reflexión de fondo sobre el Modelo Político de la Cuarta Transformación de la Vida Política de la Nación.

La redefinición de la nueva institucionalidad y forma de gobernar, ha provocado reacciones cuyas consecuencias causan incertidumbre y dudas, no sólo de las fuerzas políticas, sino también de la ciudadanía, sobre si la probidad del Estado acompañada de la planeación, el seguimiento, la evaluación y la participación corresponsable de la ciudadanía, es la piedra angular de toda transformación social, más allá de sólo la voluntad política unipersonal.

En este sentido, la respuesta gubernamental a la focalización de las diferentes problemáticas sociales, no puede convertirse en un diálogo de sordos, que por su mezquindad, nulifique el consenso ciudadano, lo cual es peligroso y revela la necesidad de una praxis política que proscriba la intervención y obstrucción en los radios de competencia y la acción de los poderes públicos.

El país requiere una evolución política cuyo sustento ciudadano termine con los resabios del autoritarismo y el control vertical del poder, pero ello impele repensar la política y desarrollar la colaboración e interdependencia política y social. No se puede asumir una nueva retórica con prácticas añejas, que impidan el sano desenvolvimiento público y capturen al Estado, porque en ello se fundan los regresionismos políticos, que hoy aquejan a la democracia y generan desánimo y desconcierto social.

Allí donde no existe un verdadero desarrollo político incluyente, donde se disfraza la debilidad de la autodeterminación colectiva de la ciudadanía, y se ignoran las potencialidades del asociativismo y de la horizontalidad política, se instala la pseudo-democracia.

Por ello, es menester preguntar ¿cómo debe el Nuevo Modelo de Transformación Nacional construir una democracia de oportunidades para todos?

La consolidación política del país no puede sustraerse del avance progresivo marcado por la postransición democrática que hoy hereda el nuevo gobierno. Se debe trascender la confrontación perenne y no crear condiciones proclives al divisionismo político. Mantener esta condición exige seriedad y compromiso social, requisitos que se construyen desde el piso ciudadano, para potenciar la autodeterminación colectiva en una democracia inteligente y verdadera. La atomización política habrá de incubar una democracia ciega e incapaz de impulsar el colaboracionismo reflexivo que debe presentar una sociedad madura.

La ciudadanía demanda que se le brinden oportunidades para construir su desarrollo y el impulso de una cultura política de participación ciudadana organizada, gestora y promotora del cambio social; esta es la esencia de la horizontalidad, que hasta ahora no ha primado en las acciones de un gobierno, que haga del Estado Democrático de Derecho la lógica formal de sus acciones.

El problema se agrava cuando las palabras no acompañan a los hechos públicos, lo que muestra una sociedad secuestrada desde la captura del Estado y marginada de la toma de decisiones, afectada por el síndrome de abstinencia política, que difícilmente rechaza prácticas políticas proclives a la exclusión social.

Construir un nuevo modelo de desarrollo político implica abrir el gobierno a la corresponsabilidad ciudadana y nunca segregar a ninguna fuerza política de la toma de decisiones. Toda transformación política es siempre producto de la transformación societal; precisa lograr que los antagonismos dejen su lugar al racionalismo ciudadano; y que en los espacios del quehacer público, las medidas se tomen de abajo hacia arriba y no viceversa.

En esta tesitura, ¿qué viabilidad y lógica tiene una transformación política, que crea condiciones para el divisionismo social?

La historia nos alecciona que el riesgo y costo social de la atomización y el divisionismo, sólo provocan desencuentro y tragedia; se debilita la estructura institucional; se pierde la fuerza de la concertación progresista que le otorga el asociativismo y la racionalización de la voz ciudadana; y se ocasiona un vacío de poder, que genera ostracismo social.

Las pseudo-democracias que hoy oscilan entre el populismo y el fascismo, son suficientemente aleccionadoras para entender que allí donde el pueblo ha sido marginado y sustituido por la retórica de escritorio, se fracturan los vasos comunicantes de la sociedad. Ante la presión política de estructuras autoritarias de un republicanismo disfrazado, se agigantan las condiciones de verticalismo, porque resultan inaceptables en una era de cambio político y social para la Nación.

Los rasgos distintivos de la transformación política deben superar las luchas antagónicas, evitar la fragmentación institucional y no supeditar los intereses ciudadanos a la captura del Estado.

El porvenir de la Nación impone superar los márgenes estrechos de una evolución política cuyas transformaciones no pueden crear divisionismos y fragmentaciones fratricidas; en ello radica el quebranto social. Esta es la vía de la comprensión política que hace de la corresponsabilidad ciudadana, el vínculo unitario que honra el Contrato Social.

Agenda

  • Se subsanaron los errores de la Reforma Constitucional en materia de educación, que había suprimido la autonomía universitaria y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, les aplicaba un severo recorte.
  • Se aprobó la Ley de Ingresos en medio de varias pifias que dejan en entredicho la pericia de los nuevos Diputados Federales, así como la falta de entendimiento que priva al interior de la fracción parlamentaria de Morena y su incapacidad de construir acuerdos con las fuerzas opositoras.
  • En el estado de Hidalgo dio inicio el programa de las 100 universidades que impulsa el nuevo gobierno, que fijó una asignación presupuestal de diez millones de pesos por universidad.
  • Se dio inicio al Tren Maya con un ritual de los pueblos indígenas a la Madre Tierra.
  • Agradezco a mis lectores por un año más unidos a la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y les deseamos dicha y bienestar para sus familias en esta Navidad y Año Nuevo 2019.

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Extirpar la corrupción e impunidad obliga a no equivocar el rumbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 países calificados por este organismo, lo que revela la erosión de la probidad gubernamental y una cruenta e insostenible realidad cuyas consecuencias sociales predicen un panorama incierto y devastador.

La corrupción e impunidad sistémica tienen una correlación directa con el grado de desarrollo y seguridad humana; e inciden en el deterioro de las expectativas de vida de los ciudadanos, creando vacíos legales y cotos de poder donde la discrecionalidad asume un rol que pervierte el ejercicio público.

La corrupción, como cáncer endémico de la institucionalidad, advierte la descomposición del aparato público, que de acuerdo a Gianfranco Pasquino, se presenta como “…el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa…”. Tipificación cuyo costo social atiende a múltiples procesos de deterioro político, ya que son las instancias de poder, y paradójicamente sus funciones decisorias, las que ocasionan su práctica.

Ante este desolador panorama, ¿qué debemos hacer para liberar al gobierno de la corrupción e impunidad, y generar progreso y bienestar social?

La respuesta la planteó desde su candidatura el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al reiterar el imperativo de garantizar la honestidad y probidad de las estructuras gubernamentales y el combate a la corrupción e impunidad; postura pertinente y loable del nuevo gobierno, pero que merece una precisión ante las dudas que hoy generan diferentes medidas.

El escenario de la transformación política, económica, cultural y social, plantea una profunda incertidumbre ante los riesgos de las medidas emprendidas desde el Ejecutivo y Legislativo Federal, y producen efectos contrarios al propósito de corregir y extirpar las anomias de la corrupción e impunidad, amenazando el establecimiento de una Política Nacional Anticorrupción en agravio del pueblo de México.

En este contexto, es un despropósito que la procuración de la justicia siga bajo criterios de discrecionalidad desde el Ejecutivo, ya que el Presidente de la República propondrá una terna de la cual emergerá el Fiscal General de la República, situación contraria al discurso de apertura política y de autonomía de la que debe gozar.

Controlar la corrupción impone crear una Fiscalía Autónoma, con plenos poderes para acusar los actos de corrupción. Se requiere un diseño institucional que establezca procedimientos y criterios de elegibilidad, proclive a la transparencia y a criterios de fiscalización sólidos, para que como organismo con plena autonomía, brinde rumbo y certidumbre a las acciones de procurar la justicia. Una medida verticalista sólo ahonda el problema.

En este escenario, también resulta de pleno oscurantismo, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que contrariamente a cualquier lógica plausible, le retira a la Secretaría de la Función Pública la facultad de conducir la Política Nacional de Adquisiciones, que ahora queda en manos de la Secretaría de Hacienda, y la Política de Gobierno Digital, que se ejecutará por la Oficina de la Presidencia.

¿Cuál es la razón para desmantelar las facultades de la Secretaría de la Función Pública, cuando sus potestades son un contrapeso inmejorable para el control, fiscalización y probidad del ejercicio gubernamental?

De esta reforma, también resulta lapidaria la autorización de crear comisiones presidenciales para formar grupos de investigación y fiscalización paralelos, medida desatinada porque rompe la armonía de los organismos con los que ya se cuenta, en vez de fortalecerlos en sus funciones y autonomía.

Estas reformas permiten entender el peso demoledor que tiene una postura gubernamental obstruccionista, ya que su injerencia en materia de Organismos Públicos Autónomos, olvidan que nacen impulsados por la sociedad como instrumentos para cubrir deficiencias administrativas, actuar como contrapesos y control de los poderes del Estado, y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Cuando se cruza la línea de las conquistas ciudadanas, lo próximo es atravesar la línea de la autonomía de poderes, condición que sólo presagia tiranía y autoritarismo, no importando si se disfraza de legalidad o buena voluntad política.

Toda conquista social debe reflejarse en un poder corresponsable, horizontal y decisorio, que en el juego de pesos y contrapesos genere estabilidad y equilibrio de los poderes públicos y se convierta en la brújula de la armonización política del Estado. Lo contrario es la antítesis de la democracia.

Liberar al gobierno de la corrupción e impunidad obliga a no equivocar el rumbo.

En esta prescripción reside la racionalidad de una ingeniería constitucional que impida excesos, anarquía y autoritarismo y haga de la función pública el vínculo que frena el atropello societal.

México vive una encrucijada en la redefinición política y en la reinstitucionalización del poder público. Revitalizar la democracia y la ciudadanía activa y efectiva, implica fortalecer los poderes públicos e incrementar el asociativismo, como signo inequívoco del ejercicio de gobierno. No hacerlo, atenta contra las acciones para la transformación de la vida política nacional, pero mucho más importante, impide devolverle al pueblo la esperanza que la corrupción e impunidad le han arrebatado.

Agenda

  • De acuerdo al Plan Energético del Presidente López Obrador, el titular de Pemex Octavio Romero Oropeza, será responsable de aumentar la producción petrolera, mientras que la secretaria de energía, Rocío Nahle García, atenderá la rehabilitación y construcción de las refinerías, y Manuel Bartlett Díaz titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), implementará las mejoras del servicio eléctrico.
  • El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, expresó al Presidente López Obrador, que “México demanda un cambio y una transformación. Pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas.”
  • Se presentó la iniciativa de reforma constitucional, que deroga la Reforma Educativa y entre otras medidas, desaparece al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo autónomo y crea el Centro para la Revalorización del Magisterio y la Reforma Continua de la Educación.
  • Se anunció la desaparición del Seguro Popular, para ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos y plantea inicialmente la federalización de los servicios en ocho estados de la República.

 

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El Espíritu y Armonización del Presupuesto Público

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los próximos días, la SHCP enviará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Paquete Económico que contiene entre otros instrumentos, la iniciativa con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

El Presupuesto de Egresos cobra especial relevancia porque se espera que brinde seguridad y disipe las malas señales económicas que produjeron las iniciativas para eliminar las comisiones bancarias; utilizar las reservas internacionales del Banco de México; y nacionalizar las AFORES, causantes de tremenda sacudida financiera a los mercados y al tipo de cambio del peso frente al dólar; quebrantos que se agravaron con el anuncio oficial de la cancelación del NAICM en Texcoco, cuyos efectos trataron de mitigarlos mediante un rescate financiero a los tenedores de bonos, por 1800 millones de dólares de un total de 6000 MD, para tranquilizar a los mercados y evitar demandas internacionales; sin embargo, “el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT advirtió que ante diversos factores de preocupación rechazan la propuesta de recompra de bonos del gobierno federal.” (Tenorio Aguilar, 2018, Revista Siempre, número 3417).

Este preámbulo invita a formular análisis crítico y una reflexión de fondo sobre el presupuesto público y saber qué, por qué y para qué gasta el gobierno; cómo puede fortalecer el Federalismo Activo, a modo de premisa de autonomía jurídico-política de los estados; y cómo valorar adecuadamente su relación e impacto con las políticas públicas, diseñadas para garantizar la seguridad y desarrollo humano.

En este trazo, lo primero es reconocer que no existen herramientas ni mecanismos suficientes para que los ciudadanos desplieguen un eficiente control del presupuesto; no hay prácticas cognitivas que permitan una mayor y mejor comprensión de los impactos del gasto público en todos los ámbitos del quehacer gubernamental y privado; ni hay medidas que articulen y definan el destino de los recursos del gobierno federal y el de las entidades federativas.

Es imperativo considerar que el valor de la autonomía jurídico-política de los estados para fortalecer el Pacto Federal, tiene como premisas la racionalidad, la optimización y la armonía social del gasto público; su manejo como instrumento estratégico en la consecución de las expectativas del desarrollo de la Nación; la eficiencia administrativa en las respuestas que se den a las demandas sociales; y la cabal comprensión y entendimiento que ninguna formación humana en el país se desenvuelve de manera uniforme y homogénea. La especificidad del gasto público debe ser afín a las demandas de la ciudadanía y a las vocaciones y potencialidades regionales.

Empero, es evidente que aún priman condiciones ampliamente discrecionales reflejo de prácticas sistémicas del uso y abuso del poder político, que obstruyen el ejercicio reflexivo y prudente del gasto presupuestario; inciden en el deterioro de la respuesta a la ciudadanía; y debilitan las condiciones de credibilidad y confianza que debe brindar el quehacer gubernamental.

Es menester acabar con las practicas del gobierno de cuates, donde los presupuestos se articulan desde las arenas políticas, por las empatías y el juego de intereses, y se negocian como un botín de premios y castigos, lo que fractura el espíritu para el cual están destinados y prohíja el manto espurio de la política de escritorio, cuya revancha y escenario de amigos y enemigos, ha deteriorado la vida de los mexicanos.

¿Hasta dónde y hasta cuándo el oscurantismo político habrá de generar, a través del presupuesto público, el brebaje de la desolación y desamparo social?

El abuso del presupuesto público constituye un coto de poder cuyo dogma es la insensatez plena, porque como herramienta estratégica y vital del desarrollo de la Nación, es usado de manera discrecional y opaca, sin atender -la mayor parte de las veces-, la planeación democrática, cuyo distintivo es la corresponsabilidad y horizontalidad ciudadana en la toma de decisiones públicas. Al asignarse bajo el amedrentamiento de las arenas políticas, las prebendas otorgadas redundan a la postre en el sacrificio del pueblo.

¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que vivir bajo el yugo de la discrecionalidad y las intenciones sesgadas de los usos y abusos del presupuesto público?

La respuesta implica, en primer término, establecer una nueva lógica que prime en la transversalidad de las acciones del Estado, y en segundo lugar, que el ciudadano participe con funciones decisorias en la construcción de la tarea pública, vigilando y protegiendo el interés del pueblo, condición que marca el verdadero rumbo de la democracia participativa, porque hace del ejercicio efectivo de la ciudadanía, el vector del cambio político.

En este sentido, la marginación de la ciudadanía en la toma de decisiones en corresponsabilidad con los actores políticos, y la discrecionalidad que prima en diferentes dimensiones de la realidad gubernamental, son las causales sustantivas de la pauperización en que se encuentra el pueblo y del ostracismo político que padecen muchos y sirven a unos pocos.

El salto cualitativo que conduce a la alameda de las oportunidades, estriba en fortalecer el Pacto Federal entre estados y municipios sin distinciones, discriminación o verticalidad oscura e insana. Es impostergable ejercer la racionalidad presupuestaria y evitar la dispersión, la fragmentación y los programas y acciones inconexas, y no sucumbir ante la discrecionalidad política.

Se les ha olvidado a los servidores públicos que el ciclo presupuestario inicia y termina en el bienestar del pueblo; que el presupuesto es público porque sirve al ciudadano y no es un fruto discrecional producto de la disputa entre la Federación, los estados y los municipios y, mucho menos, una rencilla patrimonial por la riqueza nacional.

Este olvido y extravío de la razón en el ejercicio de gobierno, va más allá de lo descrito. Constituye junto con la corrupción e impunidad, el epitafio velado de la democracia, y lo que es peor, la pervivencia indolente de aquellos que se sirven del encargo público para desterrar al ciudadano de lo que es suyo: el porvenir de la Nación.

Agenda

  • Rindió protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
  • El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió no anular la elección de gobernador en Puebla por lo que se ratifica el triunfo de Martha Érika Alonso como gobernadora.
  • Al admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aplazando la resolución de los amparos hasta que el pleno se pronuncie sobre el fondo del asunto.

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La Democracia Participativa en el Nuevo Gobierno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy que los cambios políticos en el orbe se suceden de manera incierta, donde el fascismo y el populismo pretenden imponerse como recetas de cocina al ejercicio de gobierno; la conciencia política y social resulta insuficiente para garantizar la viabilidad democrática de las estructuras institucionales.

El desencanto e incapacidad de la democracia representativa, ha hecho necesario impulsar nuevas prácticas que permitan a los ciudadanos participar de manera directa o indirecta en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, para legitimar la acción gubernamental y establecer una nueva dinámica en la relación sociedad-gobierno.

En esta circunstancia, el imperativo del Estado es fortalecer la cultura cívica del asociativismo hacia la corresponsabilidad de un gobierno abierto y en público, donde los ciudadanos sean artífices de una Agenda Política que haga del ejercicio público una dimensión empática entre democracia representativa y participativa.

El Lic. Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, marca el ascenso de un escenario político nunca antes observado en la historia nacional: el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa.

México presenta un déficit del principio de representatividad, producto de su sistema político y de partidos, que ajenos a los intereses de la ciudadanía, han sido incapaces de integrar órganos del poder público que concreten la tarea gubernamental, procesen el conflicto social, y propicien la generación de oportunidades y la estabilidad de las expectativas sociales.

Esta problemática tiene otros andamios explicativos, pero sin duda, la transformación que pretende el nuevo gobierno, obliga a formular reflexiones y análisis de la democracia participativa como mecanismo capaz de refuncionalizar el sistema político y de gobierno.

En este sentido, la relación entre democracia representativa y participativa, debe combatir las ínsulas de poder engendradas  por el peso de arbitrariedades, abusos, omisiones o juego de intereses. Por ello, el apoyo y la fuerza que le brinda el gobierno de AMLO a las consultas públicas para participar en las decisiones gubernamentales, encuentran una particular cabida, reconocimiento y vehemencia en la sociedad.

Empero, el discurso del nuevo gobierno no puede quedar constreñido a la consulta pública, al menos no en términos que vulneren ni abaraten la democracia participativa. La consulta ciudadana debe impulsar una dinámica que permita la inserción de un creciente asociativismo y horizontalidad en la toma de decisiones públicas; generar mecanismos constitucionales ad doc; y redistribuir el poder político, que hoy se encuentra capturado.

No puede ignorarse que el uso indiscriminado de la consulta pública desató severas críticas por realizarlas sin acatar las formalidades técnicas y legales dispuestas en el artículo 35 de la Constitución, y que el haberlas hecho sobre algo anunciado y presupuestado, las calificó como un refrendo arropado por el manto protector del poder de los electores.

Al respecto Raúl Carrancá, citando a Sartori, expresa que: “para pasar de la democracia electoral… a una democracia donde el “demos” (pueblo) decide por sí mismo cada una de las cuestiones, haría falta un nuevo “demos”, un pueblo que esté verdaderamente informado y sea verdaderamente competente”.

https://bit.ly/2PfFTvd

 

Pero, ¿qué vuelve especialmente significativo el diálogo sobre la participación ciudadana en la tarea pública, en la Cuarta Transformación de la Vida Política Nacional?

Sin duda, la respuesta se encuentra en entender que la democracia es un factor de crecimiento político del Estado, cuyo escenario discursivo debe cambiar para trazar el rumbo en la armonización entre sociedad civil y sociedad política; para que el reencauzamiento del espacio ciudadano disminuya la tensión social y orgánica del Estado, a través del procesamiento del conflicto; y para evitar la representación política ciega o confusa, frente a la participación activa y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.

La inserción ciudadana en el quehacer público es el imprescindible vector escrutador de su función y de los servidores públicos; así como del juego de pesos y contrapesos, que hace precisamente de la democracia participativa, una dimensión consultiva y colaborativa de las acciones de gobierno; signo inequívoco de que la soberanía nace de la voluntad del pueblo y prescribe el rumbo de la Nación.

La democracia representativa y la participativa están lejos de ser centros antagónicos irreductibles del poder político; son dimensiones que se complementan fortaleciendo las acciones de gobierno abierto, en la construcción de un nuevo paradigma de la cultura cívica, y que demandan como componentes de un Estado Democrático, reconocer constitucionalmente el Derecho Humano a la participación ciudadana.

El reto de un régimen representativo, consiste en asegurar un sistema confiable de elección de los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legítimos representantes populares; regular el desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en consonancia con las necesidades, los objetivos y la voluntad de la comunidad a la que representan; y asegurar tanto la transparencia de sus actos, como la vigencia del principio de división y equilibrio entre poderes.

De esta forma, la relación socio-estatal entiende que la democracia se construye a flor de piso, donde el ciudadano procesa desde sus lógicas de asociación, sus aspiraciones frente y con el Estado. Esta reflexión pasada por alto en la democracia representativa, ha incidido en las conductas y desempeño de representantes populares y servidores públicos, que han creado parcelas y cotos de poder, propios de un Estado insular.

El malestar social y la tensión orgánica que vive el Estado, se debe al uso y abuso indiscriminado del poder público, cuyo escenario ciego y antitético a los principios valóricos de la democracia y de la política, obstruyen las funciones imprescindibles de armonización social.

En este escenario, es evidente que no basta crear nuevos mecanismos constitucionales para asegurar el colaboracionismo democrático entre sociedad civil y sociedad política; es necesario constituir la fuerza efectiva de la horizontalidad ciudadana en la toma de decisiones y evitar que se vuelven letra muerta como en innumerables ejemplos, que corroen las entrañas del sistema político y de gobierno.

La transformación política del país debe articular, desde la fuerza ciudadana e institucional, un nuevo espíritu valórico de la política, que haga de la democracia un solo crisol: la voluntad de la Nación.

Agenda

  • El pasado 1 de diciembre, rindió protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para el periodo 2018-2024. Su estilo de gobernar se ha impuesto como objetivo la Cuarta Transformación de la Vida Política Nacional, en la que la separación del poder político y el poder económico presagia la extinción de los poderes fácticos y el ascenso de la participación ciudadana en la toma de las decisiones del Estado.

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Los Sistemas de Gestión Especializada y la Política Nacional Anticorrupción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corrupción e impunidad, abigarradas en un intrincado laberinto de opacidad pública, pretenden imponerse de manera antidemocrática para preservar el autoritarismo, el intervencionismo ciego y la anulación de la gestión pública participativa.

La Red por la Rendición de Cuentas (RRC), ha formulado una propuesta de Política Nacional Anticorrupción (PNA), cuyo propósito es transitar hacia un régimen de gobierno universalista, donde el interés privado no vulnere la autonomía del Estado ni el ejercicio pleno de derechos, dando cobertura a las fases de prevención, detección, corrección y sanción, con un enfoque de derechos.

Los cuatro ejes de esta PNA, son la profesionalización y generación de capacidades; la corrupción de ventanilla en los puntos de contacto de la ciudadanía con el gobierno; el fincamiento de responsabilidades y sanciones; el combate a las redes de corrupción; y como eje transversal, la participación ciudadana.

La resistencia de diversos sectores de la sociedad política hacia el control ciudadano sobre programas, procesos, procedimientos y políticas públicas a nivel internacional, resulta lamentable y revela la necesidad de fortalecer el concepto de accountability en la organización y funcionamiento de las estructuras gubernamentales, para otorgar consistencia a los elementos vitales de la administración pública y consolidar la Rendición de Cuentas (RC).

Las prácticas de accountability en la búsqueda y consolidación de la transparencia y probidad pública, permitirán generar parámetros sobre sus aspectos fundamentales; crear lazos de comunión entre sociedad civil y sociedad política; fortalecer el desarrollo democrático; y vencer el rechazo que sufre la RC.

En este trazo, la RC adquiere ante la creciente demanda de la ciudadanía por participar en los asuntos públicos, un valor intrínseco y consustancial al ejercicio de gobierno; por lo que su diseño debe considerar prácticas de competencia informativa, explicativa y de sanción, que permitan a la sociedad dar seguimiento y escrutar las acciones que marcan el ascenso de nuevos estándares democráticos de ciudadanía activa y complementar la PNA.

La RC debe integrar una cadena de valor, cuya dimensión estaría conformado al menos por los siguientes sistemas de gestión especializada: 1) Archivos; 2) Presupuesto; 3) Información pública accesible, confiable y oportuna que promueva prácticas de Open Government; 4) Contabilidad; 5) Adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios; 6) Monitoreo y Evaluación; y 7) Fiscalización de Políticas Públicas, con un marco normativo idóneo, vanguardista y óptimo para el desarrollo integral.

La certidumbre, confianza y legitimidad que otorga estos sistemas de gestión a la RC, además de ampliar el horizonte profesional de los servidores públicos; propicia la apertura a la participación ciudadana; y salvaguarda la asignación de responsabilidades; efectos que impactan la estructura orgánica del gobierno y crean espacios de operatividad pública que evitan la discrecionalidad y opacidad, al tiempo que generan andamios ciudadanos, de los cuales la sociedad es también artífice.

En México, la gestión y organización de Archivos Públicos debe sumarse a las dimensiones que integran la PNA, porque sin duda, el arqueo histórico de la administración pública y el resguardo de documentos, permite la evaluación continua de los procesos de planeación democrática, al tiempo que preservan la memoria histórica del devenir de los servidores públicos y del Estado.

El diseño de sistemas en materia Presupuestal y de Compras, debe cumplir altos estándares de especialización profesional, ya que la optimización en la asignación de recursos públicos, su ejercicio transparente y su registro contable, evitará discrecionalidad, abusos y corrupción.

En esta tesitura, la Información Pública constituye el piso firme de toda acción gubernamental, porque permite abrir los procesos para conformar la Open Data que hace posible apreciar lógicas administrativas; justificaciones en el logro de objetivos e impactos en la gobernanza; retroalimentación ciudadana hacia el quehacer público y prácticas de Gobierno Abierto; e impulso a la transparencia proactiva, para que todos los datos sean públicos y el ciudadano pueda acceder a la información que necesita.

Innegable resulta también que la administración pública fortalezca el desarrollo de sistemas contables, de fiscalización y de control, que no sólo permitan registrar el uso de los recursos y presupuestos, sino que se erijan como mecanismos estratégicos para garantizar su control y la plena operatividad de las tareas públicas de manera abierta y horizontal, presta al escrutinio ciudadano.

Sin duda, el monitoreo y evaluación de las políticas públicas y el significativo ascenso de la participación ciudadana a su creación, así como en la toma de decisiones gubernamentales, se afianza en la medida que requiere un trazo horizontal y deliberativo, con valores sociales que se plasman en el crisol que le da vida a la acción institucional en la toma de decisiones, donde los ciudadanos monitorean su realización, la evalúan y consolidan la custodia social necesaria para asegurar sus impactos y logros.

La pinza de la RC culmina con una participación ciudadana presente con un sentido transversal en todas las acciones del Estado, debido a que la soberanía es un principio que reside en el pueblo y debe ser preservado como una voluntad irrestricta que hace posible la génesis jurídico-política que da marco al espíritu del Contrato Social.

Mauricio Merino, al admitir el valor de la ciudadanía activa, señala que “para que una política de rendición de cuentas tenga resultados palpables, requiere no sólo de acciones concretas, coherentes y sistemáticas de parte de las organizaciones gubernamentales, sino también precisa de una ciudadanía que tenga interés por enterarse de qué, cómo y por qué, y bajo qué circunstancias suceden las decisiones públicas.” https://bit.ly/2Dvrnhv

Es evidente que una Política Nacional Anticorrupción es un planeamiento que implica reevaluar el papel de las instituciones públicas y denota la capacidad política del Estado, para hacer de la gobernanza el piso firme que permite trascender hacia las lógicas salubres de la distribución del poder, porque admite en la corresponsabilidad participativa de su gestión, el predominio de la voluntad del pueblo para construir los intereses superiores de la Nación.

Agenda

  • El Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a realizar una tercera consulta nacional sobre si debe tener un Consejo de Empresarios que lo asesore; si realiza una investigación contra Ex-Presidentes de la República por probables actos de corrupción; y si crea una Guardia Nacional.
  • El Gobernador Electo del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro expresó en un discurso que, “…señor Presidente, no estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos de vulnerar el pacto federal y el orden constitucional. Por congruencia histórica no podemos permitir que la imposición por medio del mayoriteo legislativo atente contra la autonomía y dignidad de Jalisco como estado libre y soberano”.

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La Rendición de Cuentas en la Política Nacional Anticorrupción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos días aciagos, donde las democracias atraviesan por los estragos de las anomias de la corrupción e impunidad; la participación ciudadana exige transparentar el ejercicio de gobierno como condición de probidad y moralización pública.

La relación socio-estatal pone a discusión pública investigar la correlación entre la probidad gubernamental; las condiciones básicas de integridad administrativa; y el alcance de una Política de Estado que resuelva las exigencias ciudadanas en el entorno democrático de un sistema de rendición de cuentas, que integre los diversos ámbitos del ejercicio del poder público.

Resuelta esta correlación, el ejercicio público de un buen gobierno debe fomentar la creación de mecanismos para la rendición de cuentas, fortalecer la democracia y afirmar la responsabilidad pública, que se tiene cuando se actúa en nombre de otros o se utilizan recursos otorgados por otros para cumplir responsabilidades y encomiendas públicas. https://bit.ly/2PRc5ts

En este escenario, la visibilidad del quehacer público, como responsabilidad comprometida con su ejercicio, potencia la rendición de cuentas y propicia la participación informada de la ciudadanía en la toma de decisiones, dirección y arqueo público, al tiempo que ejerce la democracia más allá de los procesos electorales.

En el mismo contexto, los informes de los titulares de los Ejecutivos Federal y Locales, que se glosan por las cámaras de diputados en comparecencias de los respectivos secretarios de Estado, constituyen una práctica que debería afianzar los mecanismos técnicos de rendición de cuentas; el control, supervisión y la eficacia y eficiencia del desempeño de gobernantes y funcionarios; la fiscalización del manejo de recursos del erario; la gestión administrativa entre agentes públicos y privados; y los resultados obtenidos respecto al cumplimiento de los derechos ciudadanos en el ejercicio de gobierno. (Accountability)

El análisis crítico de la rendición de cuentas, estriba en que la salud del orden sistémico se establece fundamentalmente a través de la vigencia operativa de los pesos y contrapesos políticos, económicos, culturales y sociales, porque propician buena gobernanza, certidumbre en las acciones públicas, y relaciones socio-estatales estables.

Asimismo, es importante argumentar que la rendición de cuentas presenta una dimensión horizontal, en cuyo desenvolvimiento los servidores públicos transfieren, ejecutan y controlan el proceso administrativo entre ellos mismos; y una vertical, en la que interactúan los ciudadanos y los agentes sociales institucionalizados como sociedad civil, presionando para retirar el mando al gobernante o partido político, como respuesta a los resultados de su desempeño como gobierno. https://bit.ly/2PRc5ts

Sí observamos el espíritu de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) propuesta por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), encontraremos como constante la obligatoriedad de los funcionarios de asegurar la calidad de la rendición de cuentas, en un proceso ciudadanizado, abierto y corresponsable, que permita evaluar los alcances de la eficiencia institucional y refrende su capacidad para aplicar sanciones.

Ello implica que el marco normativo en que habrá de desenvolverse la PNA, asegura el cumplimiento de las acciones jurídicas; garantice su prescripción a nivel Federal y local; e impulse la transparencia y acceso a la información pública, en un lenguaje expreso y abierto, que le sirva a la sociedad como instrumento para escrutar el desempeño de los servidores públicos.

De los aspectos centrales de la rendición de cuentas, deben sobresalir los resultados para el control de la corrupción e impunidad, que permitan evaluar los impactos de la PNA, y el incremento de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.

De esta manera, si quisiéramos realizar un corte transversal del peso específico de la rendición de cuentas en las acciones gubernamentales, apreciaremos que en la construcción de las políticas públicas, su presencia siempre precede arrojando luz y dirección a su implementación; condición que no ha sido explorada y relacionada con amplitud, por lo que no debe pasar desapercibida en el análisis operativo del combate a la corrupción y en la generación de oportunidades sociales.

En esta perspectiva, la base de todo buen gobierno se centra en la rendición de cuentas y en los resultados alcanzados, mismos que son directamente proporcionales al nivel de planificación democrática; condición apreciable en democracias estables que marca el sentido político-administrativo de la eficiencia-país, demostrando que cuanto más democrático es un sistema político y de gobierno, mayores y mejores resultados produce el quehacer público y la cocreación social, en el crecimiento y el desarrollo de la seguridad humana.

En este trazo, la rendición de cuentas representa un derecho fundamental del gobernado sobre el gobernante al evaluar el cumplimiento de las responsabilidades públicas, lo que hace que la participación ciudadana permeé en la toma de decisiones de manera transversal; invierta el paradigma de los gobiernos verticales; y creé desde la horizontalidad asociativista, un contrapeso indiscutible del rumbo del Estado.

En esta línea, resulta indiscutible que la PNA, deberá ser el observatorio que permita visibilizar la integralidad de las prácticas de rendición de cuentas; la implementación de acciones vinculantes entre sociedad civil y sociedad política; el desarrollo de nuevas prácticas interinstitucionales; y la actuación de los Órganos Internos de Control (OIC), impulsando estructuras abiertas, corresponsables y democráticas, que revitalice la interacción ciudadana, el diálogo social y la eficiencia del Estado.

Esta interlocución ciudadana debe incrementar los aspectos centrales de la pedagogía política y estar en consonancia con la información pública, caracterizada por ser confiable, relevante, clara, accesible, comprensible, completa, medible, verificable, útil, oportuna, abierta y susceptible a actualización continua.

Desde esta óptica, una condición relevante la constituye el e-Government, elemento imprescindible para que se generalice la comprensión de conceptos como interoperatividad e interoperabilidad y se evite la fragmentación, dispersión e inconexión de planes, programas y acciones; se afiancen las prácticas de rendición de cuentas; se consolide la coherencia y eficiencia interinstitucional; y se generen condiciones para concretar el quehacer público.

La evolución de la rendición de cuentas en la PNA, debe ser vista como un proceso horizontal, asociativista y ciudadanizado, cuya retroalimentación institucional, permita que ciudadanía y gobierno generen una sola conciencia, que destierre corrupción e impunidad como efectos del autoritarismo ciego, que ha creado una sociedad impedida, en una era de desdén y malestar político.

Agenda

  • El Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, anunció que se llevarán a Consulta Nacional la construcción del Tren Maya y el del Istmo de Tehuantepec; la refinería en Tabasco y siete programas de desarrollo social. Dio a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018- 2024; y la creación de un Consejo Asesor del Presidente, integrado por dueños y directivos de grupo empresariales y financieros.

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