El Valor de una Sociedad Democrática, Instruida e ilustrada

En estos tiempos aciagos y de recomposición política en el orbe, un paradigma social expresa el valor civilizatorio: el Estado Democrático de Derecho.

En contraste, los gobiernos autoritarios que encuentran en el control político del Estado, argumentos para avasallar a la sociedad civil, suprimir la conciencia social y enclaustrar la cultura de la legalidad, resultan lapidarios e inaceptables.

¿Cómo puede romper el ciudadano las cadenas del control político, construido desde la verticalidad de los usos del poder, negando toda oportunidad de hacer de la legalidad el instrumento social democrático de la cultura cívica?

El control político de las élites del poder, fractura la vitalidad de la organización ciudadana; son evidencia palpable de democracias incompletas, maniatadas por intereses sectarios, que hoy advierten para México la necesidad de hacer del poder público, un auténtico escenario de la voluntad del pueblo.

Este escenario de delicada recomposición, nos alecciona sobre el poder valórico de la política en el marco de la cultura de la legalidad. Esta manifestación cultural, de modo específico, presupone un instrumento de acción social en un tejido informado, comunicado y ampliamente solidario, que entiende que el respeto al Estado Democrático de Derecho cimenta toda manifestación humana, en armonía con sus expresiones culturales, políticas, religiosas o intelectuales.

Si admitimos que el respeto a la Ley presupone su conocimiento, conformar una sociedad ilustrada no es un entramado más de las pretensiones del Estado, sino la piedra angular de toda visión y prospección del futuro cierto de la Nación.

Esta prescripción denota magnitud y sentido a una sociedad, que hace de la cultura cívica el basamento de su acción colectiva, que entiende el civismo como la premisa ética y cultural de los signos nacionalistas y de conducción de un proyecto que prioriza la voluntad del ciudadano, en paz y armonía, porque respeta las leyes, les da cauce y las hace suyas, para que la razón ilustrada cobre fuerza en la libertad y en la democracia.

Lourdes Morales afianza este argumento, cuando admite que “La libertad y la democracia, implica la participación y por lo tanto es la responsabilidad de todos nosotros.”

Cómo no recordar ante la realidad política y social que hoy vivimos, las palabras de Alfonso Reyes en su Cartilla Moral: “…El hombre debe educarse para el bien. Esta educación y las doctrinas que ella inspira constituyen la moral o ética…El bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en el otro momento de nuestra vida. No debe confundírsele con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo…El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos, y aún de nuestra felicidad y de nuestra vida.”

Estas premisas de Alfonso Reyes están vigentes ante la desazón de sociedades ciegas, que en el interés mezquino, han hecho del Estado el mercado de los apetitos oscuros, que confunden a la razón y promueven la atomización social, creando desesperanza y rencor en aquellos que están en indefensión ante la corrupción e impunidad, efectos nítidos de la erosión de la cultura de la legalidad y su interacción cívica con el Estado Democrático de Derecho.

Esta realidad nos alecciona que ninguna construcción social se presenta per sé. Todo lo contrario. Es producto de conquistas que, fundadas en la razón y la Ley, permiten darle significado a la dinámica social, condición imprescindible para trazar la integración y cohesión hacia el proyecto de Nación, articulando los intereses superiores, que invariablemente constituyen el vector de toda sociedad.

El debilitamiento de las instituciones públicas y de las estructuras ciudadanas, comunitarias y vecinales, impone en nuestros días un desafío político que permita recobrar la moral y la confianza ciudadana; condiciones que exigen abrir el espacio público a la corresponsabilidad participativa en la toma de decisiones del Estado, para que la cultura cívica, en el trazo de la legalidad, alcance la fuerza necesaria para combatir el vacío político que hemos vivido, y con ello, propiciar que la inteligencia ciudadana, dé cauce a la complejidad social.

El debate político ha acertado al señalar que la moralización y probidad, crean estructuras político-sociales salubres. Esta racionalidad es el preámbulo para que la organización y la participación ciudadana, como derecho humano, cobren la fuerza y vitalidad necesaria para redimensionar la visión de soberanía activa; es decir, de una sociedad cuya conciencia e interés, encaminado al bienestar de la Nación, traza mayores oportunidades de concreción de la tarea publica y estabiliza las expectativas de los sujetos sociales.

Los signos de la Nación como formas de cohesión social, sólo se traducen en integración cuando provienen de una sólida formación ética y cívica, esto es claro, pero requieren de estructuras que vertebren y encaucen este dinamismo; por ello es necesario insistir en la creación de una Ley de Cultura Cívica, que esté acompañada de un Instituto de Cultura Cívica, como soportes unitarios del dinamismo ciudadano, que permitan horizontalidad y asociativismo pleno, en apoyo del ejercicio de gobierno.

Debemos advertir que las estructuras ciudadanas se han vuelto frágiles y que sus expresiones comunitarias y vecinales están aquejadas por la descomposición, producto del divorcio entre sociedad política y sociedad civil, pero mucho más importante, por el desapego a las prácticas democráticas y solidarias, que se fraguaron en la inconcreción publica, signo inequívoco de la desconfianza y desesperanza social, que ha creado un clima idóneo para que las prácticas autoritarias y antidemocráticas cobren vida en muchas sociedades.

La perspectiva de recomposición social, a través de la construcción de ciudadanía, sólo es posible en una sociedad instruida e ilustrada en valores democráticos, legales y cívicos. En ellos radica la soberanía, que explica el valor del Estado. Lo contrario es la paradoja de la “tierra del nunca jamás”, la incertidumbre de la oscuridad política, que destierra toda posibilidad de vida y dignidad humana.

Agenda

  • En Sesión Solemne, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entregó la constancia de Presidente Electo al Lic. Andrés Manuel López Obrador. En este acto, el Presidente Electo de México expresó, “…Rindo homenaje al Pueblo de México por su evidente vocación democrática. Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales…la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, el influyentísimo, la deshonestidad y la ineficiencia, y desean con toda el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad…”.

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Cultura Cívica e Ilustración Democrática

 

El análisis de la realidad social y política no puede sustraerse a los referentes de la cultura cívica, en el trazo sustantivo que presenta la formación de ciudadanía.

Esta visión, compartida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional Electoral (INE), retoma elementos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), para fortalecer la Reforma Educativa y vincular la formación cívica y ética con la construcción de ciudadanía, proyectándolas como estrategia, cuyo propósito es afianzar las estructuras cognitivas de los estudiantes, con el desarrollo humano y la prospectiva de la Nación.

La Agenda Ciudadana de Cultura Cívica debe centrarse en atender, en primer término, a una ciudadanía cuya civilidad potencial se estimule a través de la educación, capaz de asumir un papel protagónico y propiciar un nexo vital entre la pedagogía y los referentes institucionales que le dan marco al desarrollo humano. Esta realidad hace de la cultura cívica el sustento transversal de toda acción gubernamental y el vínculo que articula la inteligencia ciudadana en la concreción y funcionamiento de la tarea pública.

La construcción de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en el año 2004, reformada en 2017, advierte plenamente que el tránsito hacia una ciudadanía activa, sólo es posible cuando la estructura jurídica es promotora de la cultura cívica y se une a la educación para construir una sólida base de sustentación democrática.

Esta sinergia gubernamental debe ser emulada a nivel nacional, para que los estados articulen leyes de cultura cívica, que permitan que la formación educativa cambie la dinámica social y consolide las estructuras institucionales, comunitarias y vecinales. Este lazo cívico y ético le da sentido y dirección a la institucionalidad; fortalece la toma de decisiones; concreta la tarea pública; y los ciudadanos, se convierten en agentes transformadores, creando mayores espacios de oportunidad social.

Hemos insistido que Hidalgo requiere instrumentar una Ley de Cultura Cívica, capaz de potenciar los vínculos societales donde la generación de ciudadanos activos constituya una prioridad del Estado. Esta iniciativa resulta trascendente en tiempos donde la incertidumbre y el desconcierto social, obstruyen el desarrollo humano ante la carencia de un vector cultural y educativo, que impulse la hermandad y solidaridad ciudadana, para recuperar los valores morales y los principios fundamentales de la política.

Ello implica vertebrar orgánicamente un Instituto de Cultura Cívica (ICC), cuya horizontalidad asegure el principio de la participación libre, abierta y plural, como condición sustantiva de una democracia inteligente y de vanguardia y apoyo de las estructuras gubernamentales, al fomentar entornos de proximidad, operatividad y colaboracionismo pleno.

Este macro-centro ciudadano debe ser producto de una Ley de Cultura Cívica de vanguardia, que haga posible que la identidad ciudadana se construya desde la educación, y trascienda a la integración social, cuyo espíritu solidario cree condiciones que hagan del ejercicio público un espacio de todos.

México debe transitar más allá de un cambio de gobierno. Las estructuras políticas y sociales exigen la reconfiguración de una República Ilustrada, que haga del capital cultural e intelectual, el componente que afiance la inteligencia social e institucional. Esto es claro y merece una reflexión de fondo.

Una sociedad ilustrada es un aliado inmejorable de la razón y del espíritu de la Nación; constituye un capital que jamás se pierde ni se diluye, porque la prosperidad del intelecto, acompaña los momentos inciertos o de crisis, y encuentra en la tolerancia, la solidaridad y la hermandad, los mejores argumentos de unión, que no pueden ser soslayados.

Asimismo, el espacio público y la actuación conjunta en la toma de decisiones de la tarea gubernamental, se redimensionan; adquieren elementos sustantivos, donde la ilustración hace pedagogía de la acción ciudadana, y traza desde la cultura cívica, una inmejorable estructura para el desarrollo humano.

¿No son acaso estos planteamientos, aspiración de una educación de vanguardia para construir un país desarrollado? Por supuesto que sí.

La formación de ciudadanía se sustenta en la cultura cívica; no puede constituir una postura neutral y desprovista de una intención de Estado. Requiere de una transformación integral del pensamiento político y de una visión de altura, que entienda que la edificación del Estado inicia con su ilustración para incidir en el cambio social, lo que reclama una instrumentación educativa, que le dé estabilidad y solidez a la Nación.

En este trazo, la educación es democrática porque hace de la fuerza ciudadana un proceso direccionado a la preservación y rescate de los valores del Estado, condición sine qua non de la estabilidad socio-estatal, que denota la salud mental de un tejido social que delibera y es partícipe de las construcciones, que hacen posible su porvenir y horizonte social.

No podemos perder la brújula de la cultura cívica en la actual transformación política que vive el país. Afianzar y profundizar la ilustración política en nuestra democracia, implica dotar a la ciudadanía de mayores elementos de formación cívica y ética, que impidan los extravíos y vacíos de la realidad y den sentido a toda conexión humana.

El Estado es la expresión unitaria de la sociedad. Es una sola fuerza, que encuentra en la identidad nacional, el argumento que une y prohíja la vitalidad de sus ciudadanos. Es contundente que la cultura cívica, como dimensión ilustrada, legitima la acción pública e impulsa la racionalidad de una ciudadanía partícipe del espíritu de la Nación.

Este es el momento histórico que México tiene que concretar desde la formación cívica y ética. No puede estar al garete de estas premisas educativas, que debilitadas en los últimos años, exigen ser refrendadas en los derechos civiles, sociales y políticos, para preservar la integridad de los sujetos sociales y ser el prolegómeno del desarrollo humano.

Hoy, el mundo se encuentra aquejado por los mercaderes, hacedores de milagros e ilusionistas, que han hecho del populismo y el fascismo el campo fértil de la ignorancia maniquea. Ilustrarnos no es un reto más para el Estado, sino la encrucijada que marcará el destino de la Nación.

Agenda
• El virtual Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, nombró al Lic. Manuel Bartlett Díaz como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lo felicito y le deseo una exitosa gestión.
• También anunció cuatro proyectos estratégicos para su gobierno: extraer más petróleo y gas; reconfigurar y rehabilitar las seis refinerías que tiene el país; construir una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; y producir más energía eléctrica, fortaleciendo y modernizando las plantas de generación que actualmente tiene la CFE.

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Razón y Espíritu del Estado Democrático de Derecho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han aparecido los espejismos de la política de escritorio, cuyo frenesí nubla la razón y la reflexión, que dan sentido a toda sociedad y que hoy sucumben ante un protagonismo extraviado.

¿Cómo pensar una sociedad libre, que respeta el Estado Democrático de Derecho?

Vivimos una era de sociedades en riesgo, por su complejidad y el vertiginoso ascenso de la pauperización, pobreza, desigualdad y carencia de oportunidades sociales, que contrastan con la opulencia desmedida, la concentración de la riqueza y las gotas amargas de corrupción e impunidad; anomias que pavimentan en la desesperanza el retorno del populismo y el fascismo, que proscriben a la verdad ante un sórdido mesianismo.

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 estremeció la conciencia social, al igual que lo había hecho infaustamente la misma fecha en 1985; nuevamente, el pueblo mexicano se levantaba con solidaridad y organización espontánea para ayudar a los hermanos en desgracia y poner en pie a México.

Este escenario catártico mostró que ante la tragedia, México es más grande que sus problemas, pero también advirtió que ante la desesperanza y la desolación, el tejido social es ampliamente vulnerable ante los apetitos mezquinos y siniestros de fuerzas que hacen de la desventura humana el botín de la carroña política.

Ante la incertidumbre del momento, el Instituto Nacional Electoral (INE), previendo que la tragedia que vivía el país fuera utilizada por los partidos políticos que se encontraban en franca competencia electoral, advirtió a estos órganos de interés público la importancia de respetar la Ley, que prohibía explícitamente entregar dinero, bienes o servicios, directa o indirectamente a los ciudadanos, más allá de ser o no damnificados.

Empero, MORENA hizo caso omiso de la disposición del INE y creó un fideicomiso para recibir dinero, que sería canalizado como ayuda a los ciudadanos que habían sufrido los embates de los sismos, violando en los hechos el Estado Democrático de Derecho en materia electoral.

Pero como la ocasión la pintan calva, el virtual Presidente Electo de la República Andrés Manuel López Obrador, ha calificado la determinación del INE de sancionar con el 250% del monto de lo recibido por el fideicomiso, como un “complot” producto de “una vil venganza” ante el triunfo contundente de los candidatos de MORENA, en los pasados comicios del 1º de julio del presente año.

El fundamento jurídico del INE es impecable y se ajusta a la legalidad electoral vigente; más aún, la sanción otorga certidumbre a las acciones de transparencia y rendición de cuentas, en un momento donde el país se ha visto aquejado por problemas de corrupción e impunidad, por lo que la determinación no puede ser calificada como un “ajuste de cuentas” o una “vil venganza”.

Es inconcebible que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en vez de constituirse en un “mea culpa”, reconociendo que MORENA violó disposiciones legales, vuelven a la retórica de todos conocida y emprendan una embestida para desgarrar el espíritu del Estado Democrático de Derecho.

No se puede flagelar así a la legalidad. Es una condición que implica un retroceso político y democrático, ante un proceso electoral en el que las fuerzas contendientes reconocieron el triunfo de López Obrador y asumieron con responsabilidad la derrota política.

Esto es contundente y merece ser reflexionado ante la necesidad de afianzar la confianza institucional y darle peso a una democracia, que en la cultura cívica, impida hacer de la suspicacia mordaz, el instrumento que acuchilla la verdad jurídica.

Indiscutiblemente, la democracia es un espacio de audición ciudadana, pero ello no implica transitar al garete con juicios aventurados, máxime cuando se está investido de legitimidad política, que requiere ser refrendada con acciones y cordura de Estado.

Inteligencia y mesura deben ser las herramientas que el virtual Presidente de México debe esgrimir para garantizar el óptimo funcionamiento institucional y salvaguardar la armonía; contener la violencia y no desatarla; perfeccionar la concreción de la tarea publica y no deteriorarla; y sobre todo, no violentar la razón y el espíritu del Estado Democrático de Derecho.

No se puede empañar la actuación del INE ante un proceso electoral histórico, que le ha devuelto la credibilidad y la confianza ciudadana a las instituciones.

Hoy que la ciudadanía dio muestras de una gran civilidad y el Estado respeta las decisiones de la sociedad, no es aceptable que los actores políticos violenten la institucionalidad democrática, ante una inmejorable transición de alternancia que debe, sin duda, dignificar las virtudes de la política.

La ciudadanía esta ávida de que Andrés Manuel López Obrador trascienda la retórica de la descalificación y la desconfianza institucional, porque es el mismo sistema político el que ha reconocido su triunfo en las urnas y, por ende, le ha dado la confianza que deviene de la voluntad soberana del pueblo para gobernar.

¿Se puede construir una democracia en la desconfianza y el rencor? Desde luego que no.

La democracia, como régimen político, estrecha los vínculos de certidumbre entre ciudadanos e instituciones y, cuando su horizontalidad permite el asociativismo pleno de abajo hacia arriba, el Estado es la vertebración decisoria de la ciudadanía, que en corresponsabilidad con los actores políticos en el engranaje público, le dan cauce a las oportunidades sociales en un proyecto de Nación.

Esto exige responsabilidad político-institucional y comprender que en las democracias donde el disenso es racional y fundado, se vuelve imprescindible construir acuerdos sustantivos de concertación progresista, condición que debe ser considerada por los actores políticos y sociales.

La retórica destructiva del populismo y del autoritarismo fascista, que ven enemigos en las sombras, no deben regresar al mundo.

Trascender a la retórica de la desconfianza y el rencor es la primera premisa de la racionalidad política, pero mucho más importante, es el primer paso para dignificar al ciudadano.

Repensar la virtud política exige replantear los retos de la democracia; entender que el fortalecimiento de la cultura cívica garantiza no sólo la paz y la convivencia social armónica, sino también la extinción de las anomias de corrupción e impunidad, que impiden el piso firme e igualitario de nuestra sociedad.

Agenda

  • En la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, el Presidente Enrique Peña Nieto, ante sus homólogos Alberto Vizcarra de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia y Sebastián Piñera de Chile, señaló que “…las naciones de la Alianza son impulsoras del libre comercio y de libertades democráticas…” y con los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, trazaron un plan para crear una gran zona de libre comercio en América Latina.

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El Refrendo de la Legitimidad Democrática y la Cultura Cívica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado proceso electoral del 1º de julio dio paso a una conformación inédita del poder, que requiere refrendar en el ejercicio de gobierno, la legitimidad democrática de las urnas.

El umbral democrático fortalecido con la madurez de las fuerzas políticas que lo reconocieron, representa para los partidos políticos de oposición un desafío que les exige, para recuperar su estatus y credibilidad, un esfuerzo de una magnitud superior al peso de su derrota.

La triunfante (autoasignada) izquierda, deberá garantizar que la corrupción y la impunidad no constituyan un lastre para que el ejercicio del quehacer público, desde el crisol de ciudadanía-gobierno, transforme el diseño institucional y la creación de un espacio público para todos.

Si la Cuarta Transformación de la Nación es un compromiso serio que implica cambiar de manera profunda y radical el sistema político y de gobierno, deberá edificarse en el desarrollo y la seguridad humana; en una nueva dinámica de la economía libre y democrática; y en un ejercicio de gobierno que concrete, con sensatez, las necesidades y oportunidades que demanda y aspira la sociedad.

Este propósito, reclama que la acción pública se traduzca en vigencia de derechos ciudadanos y en la creación de condiciones de racionalidad institucional; donde el juego de pesos y contrapesos otorgue viabilidad política, permita construir acuerdos, y vincule la toma de decisiones de la ciudadanía a una nueva era del ejercicio público.

El reto de este compromiso es recuperar la funcionalidad de las estructuras formales y reales del Estado; y ampliar la ciudadanía efectiva, para que sus valores y derechos se unan a la legitimidad democrática de la concreción del ejercicio público, que como dimensión de la cultura cívica, exprese y se exprese en la sostenibilidad de la convivencia armónica, que a través de la inteligencia social e institucional, permita alcanzar los objetivos programáticos y las expectativas sociales de la Nación.

La dicotomía de la responsabilidad pública del partido en el poder, deberá recuperar la imaginación política perdida con un esfuerzo de comunión entre sociedad y gobierno, y evitar cualquier sombra de autoritarismo y decisionismo público, que obstruya el sano desarrollo de la pluralidad democrática.

Es imprescindible que la conducta de la mayoría que gobernará, como signo de responsabilidad, extinga el gatopardismo y la demagogia. No se puede mutar a un escenario de simulación y pantomima discursiva, porque la democracia no es un juego pendular que oscile entre buenos y malos, sino un ejercicio de construcción del poder, donde la sensatez, la racionalidad y la concreción constituyen elementos esenciales de las virtudes políticas del quehacer público.

Se requiere que el próximo gobierno construya condiciones esenciales para racionalizar la institucionalidad y entienda que la vertebración del poder público es cosa de todos, que debe abrirse a la crítica, detectar desafíos, debilidades, oportunidades y vacíos en el ejercicio público y muy especialmente, deberá dar sentido y valor a la oposición política como contrapeso de los poderes públicos.

Los ciudadanos esperamos que las fuerzas partidistas del nuevo gobierno no se conviertan en mimos de la política, sino en verdaderos conductores sociales, cuya tarea es deliberar y debatir para consolidar la racionalidad pública. No es admisible la complacencia partidista como comparsa gubernamental.

Por su parte, la responsabilidad política de la oposición deberá jugar un papel prioritario en la construcción del ejercicio público y superar en racionalidad y operatividad lo hecho hasta ahora; abrir para el ciudadano espacios en la cultura cívica; y asumir un papel deliberante, inteligente, sin rencor y con la responsabilidad de construir un gobierno con rostro social.

Esto confirma que la erosión política ha hecho patente la necesidad de fortalecer la cultura cívica en la construcción de instituciones gubernamentales, y que la clase política y la ciudadanía deben estrechar lazos de corresponsabilidad; fortalecer el Estado Democrático de Derecho; y acreditar en el día a día, la prevalencia de la fuerza de la sociedad en el ejercicio de gobierno.

En el propósito de legitimar la acción pública, se dio peso y paso a las políticas públicas como premisas de solución de las necesidades sociales; empero, su éxito fue parcial, al no estar acompañadas de una verdadera Agenda Ciudadana, que permitiera al gobierno direccionar sus acciones e impedir que se convirtieran en planes y programas de escritorio cuyo fracaso fuera la crónica de una muerte anunciada.

No se puede olvidar que construir una Agenda Ciudadana en la dinámica de hacer gobierno, refrenda la legitimidad, le da sentido, respeto y valor a la toma de decisiones del quehacer público y crea un efecto de confianza y credibilidad, porque las determinaciones públicas devienen de la horizontalidad y del asociativismo, factores que se aprecian porque expresan el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

Sin duda, la legitimidad entre la concreción gubernamental, la civilidad ciudadana activa y la oposición responsable, no están completas sin un sistema de partidos capaz de crear las condiciones para que la sociedad civil se una a prácticas que desde la cultura cívica permitan implementar parlamentos abiertos, observatorios ciudadanos y auditoría social; procesos imprescindibles en la transparencia, rendición de cuentas y gobernanza abierta, que hacen de la legitimidad democrática, razón ciudadana y no quimera de gobierno.

Insistir en un gobierno abierto y en público, sólo es posible desde un nuevo paradigma de la cultura cívica. Es imprescindible que se exprese desde las organizaciones de la sociedad civil para entender que la legitimidad se construye de abajo hacia arriba, no es un efecto residual de escritorio, sino una conquista que no puede ser negada por el Estado.

No podemos permitir el cuso incierto de la democracia ni de la ciudadanía, en el extravió o veleidad de la razón política. La responsabilidad del ejercicio público es de todos, todos jugamos en su construcción, por lo que la legitimidad de su ejercicio, es un acto de conciencia que se expresa en nuestra cultura política, que invariablemente refleja nuestro derecho humano a participar en la toma de decisiones del Estado.

Agenda

  • Mi reconocimiento al Procurador saliente, Lic. Javier Ramiro Lara Salinas por la labor desarrollada durante su encargo, que de acuerdo al “Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2018”, posicionó a la PGJ del Estado de Hidalgo al lugar número 7, ascendiendo más de 18 posiciones a nivel nacional al incrementar su efectividad de investigación y combate a la delincuencia.
  • Mi felicitación al Lic. Raúl Arroyo, quien fue nombrado por el Congreso del Estado de Hidalgo, Procurador General de Justicia. Le deseo éxito en esta vital tarea de gobierno.

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La Cultura Cívica más allá del Rencor Ciudadano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 1º de julio, México vivió el vertiginoso efecto AMLO, que convirtió la elección presidencial en una encrucijada para la clase política tradicional y sus partidos; puso en evidencia una democracia cuyo principio de representación respondió al utilitarismo del voto como instrumento de castigo político; y mostró la fragilidad cognitiva de los ciudadanos.

El Poder Ejecutivo y de manera inédita el Poder Legislativo, se encuentran en manos de MORENA, partido cuyo ascenso deja reflexiones abiertas ante el colapso de los partidos tradicionales; el pragmatismo en su forma de hacer política; y el papel de las ideologías en la conducción social.

Desde hace décadas se advirtió en las democracias occidentales el fracaso de los partidos vetustos y anquilosados, cuyas prácticas alejadas de la realidad, ocasionaron un peregrinaje ciudadano hacia la defección de los partidos y al aislacionismo político, afianzando la crisis de representatividad y el ascenso de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, como espacios alternativos de expresión política ciudadana.

Hemos vivido significativamente, el ascenso de partidos y movimientos de izquierda como el de José Mujica en Uruguay, el de Michelle Bachelet en Chile, o el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En todos estos casos el cuestionamiento es el mismo: ¿Qué hicieron los partidos de izquierda para que los ciudadanos optaran por esta alternativa política?

La respuesta estriba en la conquista de la confianza ciudadana; la inclusión de los sectores históricamente excluidos; la concreción de la tarea pública; y el reformismo social para generar oportunidades y calidad de vida. Esto es política terrena, es decir, aquella que concreta desde la esfera pública las aspiraciones y necesidades sociales y la construcción de espacios para todos, realidad que explica la derrota de los partidos tradicionales ante la erosión e incapacidad de concreción de sus proyectos políticos, que prometían servir a la ciudadanía desde una visión de probidad y justicia social.

Pero este planteamiento tiene otros andamios en el edificio democrático.

El desencanto también tiene que ver con la disfuncionalidad de los partidos y su incapacidad para impulsar un régimen de coparticipación ciudadanía-gobierno, que impida la segregación del tejido social en la toma de decisiones; y consiga su militancia partidista para que no sólo los observe como maquinarias político-electorales que limitan su participación en el quehacer público.

De igual manera, el vacío ideológico en la conducción partidista provoca que para los ciudadanos resulte lo mismo hacer política con cualquier color. Así, las estelas de putrefacción de la corrupción y la impunidad, que tienen más de un padre político, se diluyen, ya que poco importa el origen o nomenclatura partidista.

Estamos en presencia del gatopardismo de políticos chapulines y de la descomposición del sistema político, variables que explican el desencuentro social y el subdesarrollo político, así como los factores del rencor, la apatía, la pérdida de legitimidad y la falta de confianza y credibilidad política.

No se debe olvidar que en la democracia de masas, la ignorancia política es sin duda la causa que estrechó la despolitización, la manipulación y el control político como fórmulas para avasallar a la ciudadanía y enquistar la demagogia, el populismo y el fascismo, como prácticas de perpetuación de intereses oscuros y sectarios que debilitan la democracia, cuya efectividad está en función del sistema educativo que la rodea.

La depreciación y depredación de la cultura cívica en los aparatos ideológicos del Estado, provocaron desconciertos y desencuentros sociales; y limitaron que la participación ciudadana trazara la ponderación crítica de la conducción política, debilitando los equilibrios y frenando el fortalecimiento de los pesos y contrapesos al poder público, lo que hoy explica el enfado social que no pudieron controlar los partidos políticos ni el Estado.

Este escenario de forma y fondo inaugura el ascenso de MORENA, en una era donde nunca una representación política de (autoasignada) izquierda había resultado tan aplastante sobre las otras fuerzas políticas.

Empero, es claro que no existe un grado ideológico que explique desde la cultura cívica el poder de la izquierda, a diferencia de Uruguay o Chile. Lo que ha primado en nuestra realidad es un empoderamiento de la izquierda a través del voto del rencor, de la inconcreción y de la carencia de corresponsabilidad en la tarea pública.

Sin embargo, el ascenso de la izquierda no elimina el fantasma del tránsito de nomenclatura política de un partido a otro, ya que las formas de hacer política, inclusive en esta elección, no han cambiado.

¿Qué debe cambiar de forma y fondo en esta democracia en crisis?

Es necesario hacer de la democracia un escenario de auténtica representación social que sea el efecto de la cultura cívica.

La cultura cívica debe constituir la prioridad del espíritu democrático. Debe ser el vector ciudadano para nutrir la inteligencia social e institucional; no una paráfrasis de la demagogia de partidos o estructuras gubernamentales, porque ello ya nos probó que sólo genera rencor o temor político y la atomización de los sujetos sociales, que se vuelven apolíticos, apartidistas y antípodas de la democracia.

Apelar a la cultura cívica es imprescindible, si se quiere fortalecer a la democracia y encauzar el proyecto de Nación, pero ello sólo será posible cuando las estructuras institucionales acepten el derecho humano a la participación ciudadana y hagan de ella la génesis de todo poder público.

Agenda

  • El virtual Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el plan para “Pacificar a México Sin Balas”, pretende convocar a familiares y víctimas de delitos y crímenes; crear una iniciativa de seguridad; una Ley de Amnistía; combatir la pobreza y la desigualdad de oportunidades; iniciar un programa de dignificación de los cuerpos de policía; y terminar con el círculo vicioso que generan la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
  • También anunció la descentralización de las Secretarias de Estado, destacando que en Hidalgo se ubicaría la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, e informó la desaparición de las Delegaciones del Gobierno Federal en las Entidades Federativas y en su lugar nombró a un Coordinador General. En Hidalgo designo para este encargo al Dr. Abraham Mendoza Zenteno, actual Presidente del CDE de Morena en el estado.
  • Asimismo, llevó a cabo dos importantes reuniones: con la CONAGO y con una delegación estadounidense integrada por el Secretario de Estado Mike Pompeo; la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin; y el asesor y yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

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El Waterloo de las Fuerzas Políticas y la Recomposición Institucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nación reclama de sus fuerzas políticas el análisis profundo de los temas torales tratados en las campañas, así como un serio proceso de autocrítica y reflexión sustantiva, que discuta en forma seria su organización y funcionamiento. De no hacerlo, empañarán el desarrollo político, económico, social y cultural del país.

Es obligado enfocar el análisis a una recomposición de los partidos políticos para que sean oposiciones responsables y garanticen un efectivo sistema de pesos y contrapesos al ejercicio del nuevo gobierno.

El tamaño del triunfo o de la derrota no nos alecciona per se. Empero, es importante considerar objetivamente las condiciones que explican el desenlace electoral, del pasado domingo 1º de julio, al respecto se ha insistido que el voto osciló entre el castigo y el rencor.

El castigo a los partidos por su anquilosamiento, incapacidad de conducción social, y prácticas de exclusión, debilitó y erosionó la credibilidad del tejido social, creando una reacción de atomización, enojo y hartazgo, nunca antes vista.

La descomposición de los partidos políticos los ha inhabilitado como conductores sociales, porque se han aburguesado, al grado de constituir maquinarias sórdidas carentes de valor ideológico, cuyos estragos son directamente proporcionales al grado de pauperización y subdesarrollo político que viven las instituciones y los ciudadanos, creando un síndrome de “aislacionismo político” sin precedentes.

El rencor se gestó en la inconcreción de la tarea pública, la carencia de oportunidades sociales y el resquebrajamiento de la estabilidad sistémica, que se evidencia en la corrupción, impunidad, inseguridad, delincuencia, pobreza, desigualdad y en el extravío del rumbo de la Nación.

El marasmo de los partidos políticos se sustenta en la incapacidad de renovar sus prácticas de conducción social, que nulifican la fuerza ciudadana; en la verticalidad de sus prácticas políticas, que restringe el acceso al poder y a la toma de decisiones; en la corrupción; y en la negación del poder a sus bases militantes.

Estas razones son básicas para entender que hoy, la izquierda entra al poder como cuchillo en mantequilla.

¿Qué debe hacer la oposición ante esta nueva realidad política?

Los partidos de oposición deben evitar el riesgo de convertirse en comparsas, al no contar con piezas para mover en el ajedrez político. Tienen que volver a los principios básicos de la virtud política, aquella que construye instituciones desde la corresponsabilidad de abajo hacia arriba; que refuncionaliza las estructuras partidistas y hace del sistema político, un espacio público y en público, permitiendo que el ciudadano, desde la cultura cívica, edifique la toma de decisiones del quehacer gubernamental.

Por su parte, la inteligencia social debe custodiar que las acciones del ejercicio de gobierno, se encausen a cambiar la naturaleza del régimen político como fue comprometido, y a que la responsabilidad del poder, se oriente al cumplimiento programático y de las metas país, del nuevo Proyecto de Nación.

Debe advertirse que un sistema presidencialista como el nuestro, requiere de un Ejecutivo fuerte. Sin embargo, el desenlace electoral no sólo acabó con los gobiernos divididos sino que le dio al triunfador, la capacidad de controlar las Cámaras del Congreso de la Unión, los Congresos Locales, las Gubernaturas, y los gobiernos municipales, lo que marca en los hechos la concentración del poder en el Titular del Estado Mexicano.

A pesar de los múltiples avisos de que el sistema está caducado y que no es un club de amigos, con más de treinta millones de votos los electores reprobaron a sus élites partidistas.

En este escenario, es impostergable una reforma sistémica que genere pedagogía política, para que los ciudadanos no deambulen en la conciencia ciega y acrítica que ha primado, y evite que el castigo y el rencor sean la explicación lineal del escenario público, para que primen la inteligencia social e institucional, ante los supremos intereses de la Nación y no sólo sea una cuestión de víctimas y villanos.

Es necesario combatir el empobrecimiento y subdesarrollo político en el que nos encontramos. El deber de los partidos políticos y fuerzas de oposición, es asumir la responsabilidad ante la derrota electoral, pero mucho más importante, empezar a construir los espacios que la ciudadanía perdió ante su anquilosamiento y generar una conducción de vanguardia, centrada en la horizontalidad y asociativismo ciudadano.

El análisis crítico de esta coyuntura histórica debe servir para redoblar esfuerzos responsables y hacer de la cultura cívica el conductor de una nueva conciencia ciudadana, frente al poder y al funcionamiento político del orden sistémico.

Desterrar las prácticas de la vieja política que se hacen desde el escritorio y al margen de la participación corresponsable de la ciudadanía, es el imperativo para una oposición responsable, cuyos actores políticos y sociales trabajen, creando los espacios y mecanismos para que la cultura cívica abra paso a nuevas estructuras ciudadanas, como un Instituto de Cultura Cívica (ICC), que permita erigir a la ciudadanía como contrapeso salubre del ejercicio de gobierno, condición lógica e indispensable para afrontar los retos de esta nueva era de nuestra patria.

El duque de Wellington, refiriéndose a la gran batalla de Waterloo, donde Napoleón fue derrotado, señaló: “…la historia de una batalla es como la historia de un baile. Algunos pueden recordar todos los pequeños detalles cuyo gran resultado es la batalla ganada o perdida, pero nadie puede recordar el orden o el momento exacto en que han ocurrido y es precisamente esto lo que marca la diferencia”.

Hoy, que una parte de la clase política ha experimentado su Waterloo, debe entenderse que la democracia es una arena política, donde las batallas se ganan o se pierden, pero en ellas nunca se debe olvidar ni obviar la voluntad del pueblo, porque ello es el presagio de la derrota de la contienda política.

Agenda

  • La ciudadanía ha dado una muestra de educación cívica ejemplar en la jornada electoral de nuestro país, al emitir el sufragio libre, secreto, directo y universal, que ha permitido renovar los poderes públicos en paz y armonía y dar paso a un gobierno de alternancia política, lo que evidencia la fortaleza democrática de nuestras instituciones.
  • Se reunieron en Palacio Nacional el Presidente Enrique Peña Nieto y el virtual Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, para trazar los términos de la transición del mando político y administrativo del Estado.
  • En una reunión que ha dado tranquilidad y solidez a los mercados financieros, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, estrechó los lazos de cooperación con el sector empresarial, el cuál refrendó su compromiso con el nuevo gobierno para el desarrollo del país.

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La Estabilidad Institucional Frente a la Polarización Social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estabilidad del orden sistémico exige inclusión, unidad, debate y análisis crítico; un juego racional de pesos y contrapesos políticos y sociales; una arquitectura de consensos en el marco de una Concertación Progresista; y fuerzas políticas y ciudadanas que sean verdaderas expresiones de la coherencia y congruencia política que exige un Estado Democrático de Derecho.

Es inaceptable una conducta antidemocrática, porque sería el presagio de la Cabeza de Hidra, que convierte a la democracia en el botín mesiánico y populista, que el país y sus ciudadanos no merecen ni pueden sufrir.

La democracia en México oscila entre la legalidad y la legitimidad, como antípodas en el sistema político. Requiere una franca reestructuración de abajo hacia arriba y recuperar no sólo la credibilidad, sino la estabilidad social, amenazada ante la polarización de fuerzas y el desencanto institucional.

Advertí en otro artículo, que la fragilidad política del Estado dio un salto cualitativo al construir el Sistema Nacional Anticorrupción, que lamentablemente, nació manco, por no contar con un Fiscal Anticorrupción, que permitiera trazar una alianza social, cuya legitimidad surgiera de la horizontalidad y el asociativismo que primara en las estructuras institucionales y políticas del Estado.

Esta prescripción aplica no sólo al Sistema Nacional Anticorrupción, sino a todo el sector gubernamental; ya que al promover el equilibrio asociativista del derecho humano a la participación ciudadana en todas las estructuras institucionales, garantiza que la racionalidad política no resulte una práctica vertical y ajena de nuestra democracia, sino que sea el signo de madurez de la cultura cívica, que exige hacer del quehacer público, un capital social.

El ciudadano debe quitarse la venda de los ojos que hoy obstruye el sano desarrollo del tejido social y percatarse que han vuelto las estelas del populismo y el fascismo que edificaron la mordaza de la conciencia social e instalaron los campos de concentración para el exterminio humano y de su razón.

¿No es esta suficiente advertencia de que el ciudadano no puede ser un sujeto pasivo de la política, ni debe aceptar cualquier forma de autoritarismo?

Las estructuras institucionales, políticas y democráticas que hasta ahora hemos construido, no son un privilegio que nos ha otorgado el Estado, sino la más pura expresión de una conquista social, a la que no podemos renunciar o ceder de ninguna forma. Es precisamente la pasividad y el conformismo que ve a las instituciones, a la política y a la democracia como legados, lo que ha incubado la irracionalidad que hoy somete al ciudadano y lo vuelve presa de los apetitos oscuros de poderes, que en nombre del pueblo hacen perdidiza la identidad y unidad nacional.

Entonces, ¿cómo puede el ciudadano hacer florecer la democracia en los tiempos del cólera?

Rescatando el activismo que le provee la cultura cívica, que permite la formación de una ciudadanía íntegra, donde los sujetos sociales no están atrapados por el poder vertical de la clase política, sino al de la conciencia clara que engendra un espíritu de verdadero nacionalismo y sentido patrio que no acepta la manipulación, el resquebrajamiento institucional, la prostitución de la política, el mesianismo de la democracia populista y mucho menos, el autoritarismo y genocidio fascista.

Es tiempo de que el ciudadano, con instrucción y conocimiento, despierte hacia la cultura cívica; que comprenda que debe ilustrarse para sumarse con la claridad que demanda la inteligencia social a iluminar la inteligencia institucional en la cocreación de respuestas y piso sólido al ejercicio de gobierno.

Como nunca antes, ante la crisis de representatividad de los partidos políticos, el ciudadano, desde la cultura cívica, debe erigirse en el contrapeso social, que es génesis y respuesta de todo ejercicio político y de gobierno. No pueden existir vacilaciones ante estos tiempos donde la violencia, el autoritarismo y el pragmatismo político pretenden imponerse a la conciencia social.

Si el ciudadano entiende que ser partícipe del ejercicio público no es una prebenda ni un legado, dará un paso firme en su activismo y horizontalidad para construir en la toma de decisiones corresponsable, la unidad y el respeto que merece en la tarea pública. Si se convierte en comparsa y amasijo manipulado, se vuelve presa de la demagogia política y el gatopardismo de la promesa barata.

Durante el proceso electoral fuimos testigos de una realidad violenta, inaceptable y repudiable, donde a nivel verbal, políticos que con un comportamiento propio de trogloditas, hoy se encumbran en puestos de representación popular, desoyendo la voz cierta de los ciudadanos, que sólo exige paz, oportunidades y concordia para construir un futuro cierto de la Nación.

¿Cómo se puede pensar al ciudadano libre y triunfante, cuando se le ha proscrito de la verdad y se le polariza ante la violencia electoral?

La polarización social que vivimos no estriba en que tal o cual fórmula o candidato ganen la elección, sino que se gane a través del temor y el rencor, enfundados en una percepción mezquina y oscura de la realidad, para manipular el destino de la Nación, mucho antes de triunfar.

La nueva realidad política, frágil y pesimista, que muchos políticos han encubado en el miedo y la mentira como instrumentos de cooptación y amedrentamiento social, no puede ser la constante que quebrante nuestras instituciones ni el Estado Democrático de Derecho que los ciudadanos hemos construido.

A todo tiempo de maldad y erosión de la humanidad, se impone la fuerza ciudadana, aquella que crece en la conciencia, el progreso y la paz social; que no admite el vasallaje o el neoesclavismo que el populismo y el fascismo utilizan para acallar la voz del pueblo.

Para combatir esta era de desencuentro y mesianismo demagógico, el ciudadano debe recuperar su memoria institucional y democrática, ver claro y profundo, asumir desde su cultura cívica el poder orgánico de una ciudadanía participativa y deliberante frente al poder público, que no renuncia o claudica por miedo o terror político al mayor bien social que hemos construido: la dignidad humana.

Agenda

  • Ha concluido el histórico proceso electoral en el que se renovaron más de dieciocho mil puestos de elección popular que terminará con la calificación que otorgue el INE, la FEPADE y el TRIFE, órganos competentes que dan certeza y definitividad a la contienda.
  • El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en un mensaje a la Nación destacó la civilidad y la reflexión del voto en el proceso electoral como una responsabilidad y respeto a las instituciones y a la ciudadanía.

 

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