Lunes 22 de marzo de 2021. El proceso electoral para la renovación de gobernadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos y alcaldías sigue avanzando, por lo que debemos estar plenamente conscientes que no podemos votar por cualquiera.
Queremos diputados que nos representen con dignidad y con un desempeño eficiente frene la inseguridad y la violencia, que perturban la paz y libertad del pueblo mexicano. Queremos verlos arreglando los principales problemas que sufrimos como sociedad, construyendo acuerdos de armonía y paz social, y articulando respuestas a nuestras demandas de mejores condiciones de bienestar, salud, empleo, educación.
Aspiramos que los diputados, como hacedores de la ley, se dediquen con responsabilidad política a restituir y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho, para consolidar la seguridad jurídica que requerimos para realizar nuestras actividades y resguardar nuestra integridad física y patrimonial. Rechazamos la aciaga realidad que hoy vivimos, producto de las continuas violaciones a nuestra Constitución Política, provocadas desde el momento mismo en que se integró la actual LXIV Legislatura
Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza y el Partido Verde, construyeron una mayoría absoluta que ha venido traduciendo la voluntad autoritaria del presidente de la República. Lo han hecho con el propósito de sobrevivir cuáles rémoras, olvidando su vocación como partidos políticos y defraudando a sus representados, en vez de defender auténticamente la voluntad de sus electores.
Ma. Amparo Casar documenta en su artículo “Que la Corte decida”, lo siguiente: “Aprobaron hasta agosto de 2020, al menos veintiún reformas, nuevas leyes y decretos, mismos que fueron impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante siete acciones de inconstitucionalidad, 33 controversias constitucionales y miles de amparos de individuos y asociaciones, que reclamaron el rompimiento del orden jurídico que incluye la Constitución, los tratados internacionales, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cometiendo idénticas violaciones en los actos y acuerdos del Poder Ejecutivo.”
Hasta el momento, nos dice: “De las acciones y controversias constitucionales, tres fueron sobreseídas (por improcedencia o por quedarse sin materia) y dos resueltas […y observa], que todos los sujetos autorizados para promover estos recursos han hecho uso de su facultad como promoventes, y que el único actor autorizado —además del presidente— que no ha interpuesto una acción, a pesar de su autonomía, es el Fiscal General de la República.” (https://bit.ly/3lD7vwq)
“La interposición de acciones, controversias y amparos ante la SCJN para revisar la constitucionalidad de una ley aprobada por el Poder Legislativo o de un acto o decreto emitido por el Poder Ejecutivo, cuando se presume una violación a los derechos fundamentales o invasión de competencias y abuso de facultades, […se condena y] se interpreta como un intento por desestabilizar o descarrilar al gobierno, no se entiende que es parte de la normalidad democrática.”
Lo que sí debe preocupar es constatar que el Poder Legislativo aprueba iniciativas de reformas a leyes y nuevas leyes, a sabiendas que son inconstitucionales. Normalmente el personal técnico de la Cámara y de las Comisiones cuidan escrupulosamente que no se cometa este tipo de barbaridades, por lo que cabe la presunción que no se trate de errores, sino de acciones intencionadas y desafiantes en contra del Estado de Derecho. ¿Por eso se presentó la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica, solicitando se aprobara sin cambiarle ni una coma?
Al conocerse la mencionada iniciativa, se desató una lluvia de noticias, análisis y desplegados, advirtiendo sobre los riesgos jurídicos, los litigios internacionales, las consecuencias económicas, y los daños ambientales que se ocasionarían. Empero, haciendo caso omiso de todo, se aprobó y se promulgo la ley, en los términos que el presidente les había ordenado a Diputados y Senadores, sin cambiar una sola coma.
Y pasó lo que tenía que pasar: se presentaron amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica y el juez Juan Pablo Gómez Fierro, de acuerdo a sus facultades y conforme a la ley, otorgó la suspensión provisional correspondiente, lo que provocó que el presidente montara en cólera y desde la mañanera solicitó al Presidente de la SCJN investigar y sancionar al juez que, con la excusa del Estado de Derecho, había otorgado la suspensión provisional.
Tal parece que el presidente olvidó que los mexicanos tenemos el derecho de amparo; que José María Morelos y Pavón expresó: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”; que es cosa grave desconocer la separación de poderes, e invadir la competencia del Poder Judicial, ignorando la independencia judicial.
También pasó por alto que a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho lo conforma un bloque de constitucionalidad, que es la confluencia de diferentes principios, postulados filosófico-políticos y acuerdos que toman cuerpo en un conjunto de procesos, estructuras e instituciones; y que el concepto de Estrado de Derecho, implica la idea de que el ejercicio del poder debe limitarse de acuerdo con normas previamente establecidas, ya que si las leyes reflejan al poder, muestran el ejercicio de un poder ilimitado y arbitrario.
Luis Rubio F., nos precisa que: “Se cuenta con un Estado de Derecho cuando la actividad, tanto de los gobernados como de los gobernantes, se halla garantizada y limitada a la vez por una norma superior que es la Constitución, y por las leyes que de ella emanan… consiste en la vigencia efectiva de un orden constitucional, con leyes estables e iguales para todos, que el gobierno respeta en forma cabal y que reducen al mínimo la coerción necesaria para que los ciudadanos las cumplan.”
No cabe duda que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero no podemos ser pesimistas, ni abandonar nuestras esperanzas de un mejor futuro. Esperamos confiados que la voluntad política de la ciudadanía, recobrará con los principios democráticos y los valores de nuestra libertad, la esperanza para salir adelante. Con optimismo aseguramos que no vamos a rendirnos y que seguiremos adelante, sin olvidar que nunca es más obscura la noche que cuando va a amanecer.
Agenda
- Ya se concedió la suspensión definitiva. Ante la probable declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional, falta que nos diga cómo resolverá los obstáculos que implica el bloque de constitucionalidad, una muestra más de su evidente autoritarismo.
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