Lunes 8 de marzo de 2021. La Constitución y la política están correlacionadas de tal manera, que es importante verificar, por una parte, la observancia de las disposiciones para integrar los órganos de poder público, y por otra, fiscalizar el cumplimiento del mandato constitucional, establecido a los órganos del poder público, cuidando que las acciones ejecutadas correspondan a los planes y programas aprobados en función de las demandas sociales de más y mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Esto quiere decir que es preciso que los actores políticos y todas las autoridades participen acatando de manera irrestricta el marco jurídico electoral, y que deben rendir cuentas del desempeño de sus funciones como representantes electos y comprobar que contribuyeron a hacer vigente el derecho ciudadano al Buen Gobierno.
Empero, no se puede dejar de mencionar que la confianza en la representación política está perdida. Se percibe que los legisladores no representan a sus electores, ni cumplen su función en la democracia; y se advierte que ponen muchos obstáculos para que la población se exprese, y son incapaces de entender y atender los problemas del desarrollo, que actualmente enfrenta las mayores cifras de pobreza y pobreza extrema, desigualdad, desempleo, inseguridad, analfabetismo, improductividad, informalidad, y una gran deuda social, que se agrava por un pésimo manejo de la pandemia del COVID-19.
La segunda mitad de la actual administración federal, se inicia con la renovación del Poder Legislativo, que tienen la obligación de ejercer sus atribuciones de manera digna; dejar de ser obsequioso, dar resultados positivos en el ejercicio de las funciones que tiene asignadas; aprobar iniciativas que sean auténticas reivindicaciones de causas justas y acciones que fortalezcan la convivencia social, mejoren el bienestar de la población, y preserven el Estado Democrático de Derecho.
Quienes integren las Cámaras de Diputados Federal y las Locales, tienen la responsabilidad de cumplir este compromiso político, y honrar la representación que ostentarán como representantes populares, ya que ejercerán las funciones de un órgano del Estado investido de soberanía, de la que en lo personal, también son depositarios.
Pero, ¿el Poder Legislativo podrá cumplir este objetivo?
Antes de articular una respuesta, primero recordemos que nuestra Constitución Política establece en el artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo que supone la existencia de una separación de poderes funcional y no sólo de forma, ya que es un requisito sine qua non para que, como lo expresa Diego Valadés, pueda hablarse de que el poder controla al poder, y sólo si esto ocurre es posible la existencia misma de un Estado de Derecho.
Desde luego que a todos los mexicanos nos interesa que se controle al poder y que exista un Estado Democrático de Derecho, por lo que la primera respuesta es que los partidos de la alianza opositora deben ganar la mayoría en las cámaras, tanto la federal como las locales, y erigirse como verdaderos frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo, ya que si el partido del gobierno vuelve a ganar la mayoría, seguiremos viendo un Poder Legislativo sometido, dócil, complaciente y subordinado, dispuesto a aprobar cualquier iniciativa que le manden, sin cambiar una coma.
Una segunda respuesta radica en el perfil de los candidatos ganadores, y en las agendas legislativas que los partidos acuerden y comprometan políticamente en las cámaras y frente a sus cuadros, bases y simpatizantes.
Como tercera respuesta, se tienen que garantizar que los candidatos conozcan el ejercicio de sus funciones legislativas, administrativas y de control. Los partidos y sus grupos parlamentarios deberán definir sus compromisos con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la fiscalización, con el combate a la corrupción y la impunidad, con la salud, con la seguridad pública, con el apoyo a los sectores productivos, con el desarrollo social y económico, con el federalismo y con el fortalecimiento municipal; además, deberán comprometerse a fomentar el desarrollo democrático y a restaurar los severos daños que han causado a las instituciones en su afán de desmantelarlas.
En cuarto lugar, está el imperativo de construir, actualizar y refrendar acuerdos básicos que impulsen la funcionalidad institucional, por lo que los partidos políticos tienen que comprometerse a postular candidatos cuya representatividad garantice que la función social de su ejercicio político, encuentre siempre un ámbito de libertad y respeto en lo externo, y un respaldo con responsabilidad que los legitime en lo interno.
Deberán entender desde ahora la importancia que tiene la conciliación de intereses. Un gobierno de mayorías no equivale a la supresión de las minorías. En una democracia moderna, la mayoría tiene más responsabilidades, pero no mejores derechos. Las minorías participan en la toma de decisiones en razón de su fuerza y es incompatible cualquier forma de exclusión o discriminación.
Diego Valadés, al respecto, dice: “…de no funcionar así, se rompería no sólo la concepción teórica del orden social, sino la base misma de la convivencia cotidiana. Una relación respetuosa y constructiva de todas las fuerzas políticas se traduce en entendimientos necesarios para preservar la paz social y para consolidar las instituciones propias de una democracia eficaz…”
Con base en estas consideraciones planteo la necesidad de que los partidos políticos seleccionen a sus candidatos a ocupar una curul en el Poder Legislativo; y consideren el perfil y las características que les permitan hacer bien su trabajo, para representar auténticamente a los diferentes sectores de la población y no sólo a las élites, que secuestran los mejores espacios desde una posición de privilegio.
Los partidos políticos deben buscar que los representantes populares sean personas preparadas, que tengan mandatos ciertos y concretos, que se tome en cuenta al votante en la función legislativa, y obligarse a operar métodos abiertos y democráticos en la selección interna de candidatos.
Siendo el proceso electoral el mecanismo por medio del cual se busca la aceptación de la mayoría de la población, para que determinados grupos de poder ejerzan el gobierno, los partidos políticos deben lograr políticamente que la representación popular se legitime no sólo en legalidad de las elecciones, sino en un ejercicio de gobierno que obtenga resultados.
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El Congreso de Hidalgo aprobó Ley Olimpia, llamada así por el activismo de Olimpia Coral Melo, una víctima de la violencia digital en el estado de Puebla, y por la lucha de mujeres activistas que han trabajado para visibilizar y reconocer la violencia digital mediática que en el país afecta a 18 de cada 100 mujeres, de acuerdo al INEGI. A ellas mi reconocimiento.
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